El Plan General de Yaiza, que ha vuelto a salir a exposición pública tras sufrir "modificaciones sustanciales", ha introducido un importante cambio respecto al puerto deportivo Marina Rubicón, que hasta ahora no tenía cabida en el planeamiento y que ha motivado hasta acusaciones penales contra el ex alcalde y técnicos de Yaiza, que están pendientes de juicio por la concesión de ésta y otras licencias en Playa Blanca.
Atendiendo una alegación presentada por los promotores del puerto, el nuevo documento cambia el tipo del suelo donde se ubica esta instalación, que pasa de "urbano no ordenado" y pendiente de un "planeamiento especial" a "suelo urbano consolidado ordenado".
Además, según se reconoce en el propio documento, "el Plan General incorpora la ordenación propuesta por la propiedad, ajustada a sus criterios de ordenación". Es decir, que son los promotores quienes han establecido la ordenación de un suelo sobre el que, en realidad, ya han construido.
Eso sí, el equipo redactor advierte de que esa propuesta "aún no ha sido favorablemente informada por Puertos Canarios" y que "de no contar con carácter previo a la aprobación definitiva de este Plan General, de informe favorable de Puertos Canarios", el suelo de Marina Rubicón mantendrá su anterior catalogación, en la que no está contemplada esta infraestructura.
Una concesión posterior al inicio de las obras
En la alegación que presentaron los promotores (Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas), pedían que el nuevo Plan General de Yaiza recogiera "la edificación existente, ya que la instalación y edificación de Marina Rubicón es consecuencia de una concesión que establece la ordenación pormenorizada".
La "concesión" a la que hacen referencia los promotores es la que firmó el 31 de octubre del año 2000 el entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, entregando la concesión administrativa a la empresa Puerto Deportivo Rubicón S.A. para realizar la obra y explotar el puerto durante 30 años. Sin embargo, lo cierto es que para cuando llegó esa concesión, las obras ya llevaban meses en marcha sin tener un solo permiso. Incluso, había un informe técnico en el Gobierno canario, firmado por Faustino García Márquez, que informaba desfavorablemente y advertía de que no había sido calificado como sistema general, ni estaba contemplado en el planeamiento insular, ni se había desarrollado un Plan Especial para su ordenación, por lo que no podía autorizarse.
Pese a ello, el Gobierno canario les otorgó la concesión administrativa, aunque esta incluía varios condicionantes y advertía de que tendrían también que obtener las autorizaciones y permisos necesarios de acuerdo con la legislación vigente. Sin embargo, las obras siguieron adelante sin pedir siquiera licencia al Ayuntamiento de Yaiza.
Licencia ilegal
En medio de pleitos en los tribunales, expedientes sancionadores de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Apmun), denuncias del Seprona y hasta órdenes judiciales de paralización de los trabajos, finalmente los promotores pidieron licencia al Ayuntamiento de Yaiza cuando las obras estaban prácticamente terminadas.
Sólo seis días después de solicitarla, el 20 de marzo de 2003, el entonces alcalde, José Francisco Reyes, les concedió la licencia. Se basó en un informe del aparejador municipal, Alfredo Morales, y otro del entonces secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes. Ambos están imputados junto a Reyes en el caso Yate y la Fiscalía pide para cada uno dos años de cárcel sólo por la concesión de esta licencia para Marina Rubicón.
En sus informes, ninguno de los dos advirtió de que el Plan General de Yaiza no contemplaba un puerto deportivo en ese emplazamiento. Tampoco estaba previsto en el Plan Insular, pero el Ayuntamiento no pidió al Cabildo el informe de compatibilidad con el PIOT. Además, según señaló la Apmun en 2011, en un informe solicitado por el Juzgado en el marco de esta causa penal, la parcela se ubica en una zona de dominio público marítimo terrestre.
Por todo ello, además de haber formulado ya escrito de acusación contra Reyes y estos dos técnicos, la Fiscalía ha pedido también que en el juicio del caso Yate, pendiente de celebrarse, se declare también la nulidad de la licencia de Marina Rubicón, a la luz de todo lo que ha permitido destapar esta causa.
Sin embargo, mientras tanto, los promotores del puerto intentan buscarle ahora encaje en el planeamiento, y lo hacen aferrándose a la concesión que recibieron de la Consejería de Obras Públicas de Canarias en el año 2000, y que en realidad estaba condicionada a la concesión del resto de permisos pertinentes. Unos permisos que no se podrían obtener con el Plan General que estaba en vigor entonces y que sigue en vigor ahora, al menos hasta que se apruebe el nuevo documento que se está tramitando.
Ahora, el nuevo Plan General "establece directamente la ordenación pormenorizada amparada en una propuesta técnica de los promotores y propietarios de la citada marina", dando cobertura a lo ya construido. Además, deja la decisión última en manos de Puertos Canarios, señalando que es quien debe informar favorablemente a ese ordenamiento presentado (y ejecutado ya) por los propios promotores. Un informe favorable que aún no ha llegado y que, si no se emite antes de la aprobación definitiva del nuevo Plan de Yaiza, seguiría dejando a Marina Rubicón fuera del planeamiento.
