El Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife decidió el pasado lunes
archivar la querella penal contra dos técnicos del Cabildo de Lanzarote,
de la oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO), Leopoldo Díaz y
Esteban Armas, que había presentado el empresario Juan Francisco
Rosa para que no emitieran informes en el proceso de ejecución de
sentencia que se sigue contra dos hoteles de su propiedad, Princesa
Yaiza y Son Bou, cuya licencia está anulada.
El juez tampoco admite la ampliación de la querella que se efectuó
meses después porque no contenía hechos diferentes a los de
la querella principal. El magistrado considera que no aparece
justificada "la perpetración del hecho supuestamente delictivo" tras
haber tomado declaración a los querellados, haber estudiado la
documentación aportada y tras la remisión por parte del Cabildo de la
actuación de los dos funcionarios en esos expedientes administrativos.
El archivo se puede recurrir.
Rosa, a través de sus sociedades Salmepa y Hotel Princesa Yaiza, se
querelló en noviembre pasado contra los técnicos, que habían emitido
informes desfavorables que impedían la posibilidad de obtener de
nuevo licencia para esos dos hoteles. Les acusaba de los delitos de
desobediencia, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas
a los funcionarios públicos.
La querella fue la última decisión, tras intentar apartar a los dos
técnicos por otro procedimiento. En agosto de 2010, el empresario
pidió al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara a estos
dos técnicos de los procedimientos de sus hoteles por "enemistad
manifiesta", alegando que no le habían contestado a su solicitud
de construir un campo de golf en Playa Blanca. La petición fue
desestimada.
Con la interposición de la querella, Rosa pretendía alejar a Díaz
y Armas del procedimiento, ya que según el artículo 28.2.a de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, será causa de abstención de los
funcionarios "tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado".
Sin embargo, estos dos técnicos sí fueron apartados de otro
procedimiento de ejecución de sentencia por una licencia anulada a la
empresa Urena Mountain, representada por el abogado Ignacio Díaz de
Aguilar, que solicitó al Juzgado que los apartara por su pertenencia a
la Fundación César Manrique (FCM). El Juzgado admitió la petición. No
obstante, en este procedimiento los informes de otros técnicos también
fueron desfavorables para la empresa.
Querella
El empresario basaba su querella en el hecho de que Armas es
vicepresidente de la Fundación César Manrique (FCM) y Díaz fue
secretario hasta 2001, y consideraba que ambos debían haberse
abstenido de informar en esos procedimientos, ya que la ejecución
de sentencia la solicitó la Fundación César Manrique, que se unió al
pleito iniciado por el Cabildo de Lanzarote contra la licencia de esos dos
hoteles y de una veintena más, ejerciendo la acción pública.
La querella consideraba que los informes de los técnicos son
esenciales para las decisiones que debe adoptar el Cabildo de
Lanzarote, ya que para poder ser legalizado el hotel debe obtener
la autorización turística prevista, que otorga el Cabildo y que no ha
concedido a las empresas de Rosa porque los proyectos incumplen la
normativa.
Para reforzar la querella, además de una gran cantidad de
documentación, Rosa aportaba la sentencia del Juzgado de lo
contencioso número 3 de Las Palmas, anulando un concurso del
Cabildo para la redacción del Plan Territorial Especial (PTE) porque
intervinieron Díaz y Armas, y que se adjudicó a la empresa de Fernando
Prats, que a su vez había trabajado con la FCM.
Otro intento
Otro de los intentos por apartar a estos técnicos de los procedimientos
fue del Ayuntamiento de Yaiza, representado por el abogado Felipe
Fernández Camero, que a su vez representa a muchos de los
empresarios con licencias anuladas. Camero pidió en el Juzgado
que los informes de compatibilidad de los proyectos hoteleros con
el PIO fueran firmados únicamente por el presidente del Cabildo de
Lanzarote, Pedro San Ginés, al considerar que el informe es "la decisión
finalizadora de un procedimiento".
Tanto Camero como Rosa e Ignacio Díaz de Aguilar están imputados
en el proceso penal que se sigue en el Juzgado número 2 de Lanzarote
por la concesión de licencias ilegales en Yaiza y en el también están
imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, su mujer, tres
de sus hijos, una docena de empresarios y varios técnicos municipales.
SG-CAN-ACN
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