Según el informe elaborado por la oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) del Cabildo de Lanzarote sobre los efectos de las sentencias que anulan licencias turísticas en Teguise y Yaiza, todos los establecimientos afectados son ilegalizables por la vía ordinaria.
A la luz del análisis, caso por caso, de las sentencias judiciales, la totalidad de los hoteles y apartamentos cuyas licencias fueron recurridas por el Cabildo carece de informe de compatibilidad con el PIOT. Además, en el supuesto de que éste fuera solicitado, sería negativo. Esta es la razón por la que sólo mediante la modificación del planeamiento insular, una medida de carácter extraordinario, sería posible la ejecución de las sentencias y la posible regularización de la planta turística ilegal.
El trabajo fue presentado en la mañana de este viernes en el seno del Consejo de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, órgano de participación que cuenta entre sus miembros con portavoces de los partidos políticos con representación en el Cabildo, sindicatos, empresariado, universidades canarias, Gobierno regional, Ministerio de Medio Ambiente y colectivos ciudadanos.
Según explicaron los técnicos de la Oficina del PIOT, el informe ha constatado que, además del PIOT, se conculcan otras leyes del ámbito regional, como la Ley de Medidas Urgentes, la Ley de Directrices y la Ley de Turismo, el planeamiento municipal y las normas de los propios planes parciales.
De ello se deriva que la posibilidad de valorar una solución dentro de la Ley para estos inmuebles pasa por el concurso de varias administraciones, que deberán estudiar vías extraordinarias para la restitución del orden vulnerado, que satisfagan el interés público insular.
Según la jurisprudencia, sólo bajo el precepto del interés general aceptarán los Tribunales cambios en el planeamiento que permitan ejecutar las sentencias y legalizar algunos de los establecimientos que hoy operan sin licencia. Sin esta condición cualquier modificación del ordenamiento sería nula de pleno derecho.
A la vista de esta situación, y con el fin de ejecutar las sentencias, que instan todas ellas a legalizar las infraestructuras o a proceder a la demolición, el Cabildo estudiará la posibilidad de realizar cambios en el planeamiento. Las medidas, encaminadas a reducir el techo de plazas, mejorar los equipamientos y cualificar la oferta turística, tal y como mandata el PIOT, tendrían como efecto colateral la legalización de algunos de los establecimientos que hoy operan sin licencia.
Al margen de las actuaciones que lleve a cabo la Corporación, las administraciones regional y municipal deberán participar en el estudio de cada caso, puesto que en la mayoría de los expedientes se han constatado incumplimientos a normas de su competencia.
El detalle de los incumplimientos específicos de cada uno de los establecimientos declarados ilegales, se puede consultar en la página web: [www.legalidadurbanistica.org->www.legalidadurbanistica.org]
Reunión con Berriel
Tras la presentación técnica del diagnóstico de situación de cada uno de los hoteles cuya licencia ha sido anulada por los Tribunales de Justicia, la presidenta Manuela Armas manifestó su intención de avanzar en fórmulas encaminadas a la regularización de la planta turística, siempre que el nivel de incumplimientos lo permita en cada caso, y vía compensaciones al interés turístico general. También insistió en que "no se trata de comprar la legalidad sino de beneficiar al interés general y restituir el principio de igualdad".
Además, la presidenta adelantó que ha solicitado al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, una reunión con técnicos y juristas de ambas Administraciones. El objetivo es darles a conocer el documento de diagnóstico de la planta alojativa con licencias anuladas, con el fin de valorar las posibles vías para gestionar la situación.
Gabinete científico
La sesión extraordinaria del Consejo de la Reserva contó con la presencia de cinco miembros del Gabinete Científico, algunos de los cuales plantearon distintas cuestiones relacionadas con los objetivos del trabajo y la actuación del Cabildo.
El magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, destacó los contenidos del informe, "que sitúa al Cabildo en unos niveles de racionalidad y transparencia que no son habituales en nuestro país". "Con actuaciones como ésta se demonta la falsa confrontación entre quienes somos acusados de fundamentalismo ecológico y los partidarios del desarrollismo a ultranza , responsables éstos de haber dejado en España un millón de pisos vacíos", dijo.
Por su parte, el que fuera hasta hace un mes director de la Agencia regional de Cambio Climático, Faustino García Márquez, recordó que el PIOT de Lanzarote de 1991 resultó totalmente innovador y 13 años después el modelo se extendió al resto de las islas. "Pero la ordenación no basta con formularla, también hay que cumplirla", aseveró el asesor, quien señaló además que la indisciplina urbanística ha caracterizado al archipiélago en los últimos años.
Frente a esta situación, García Márquez aseguró que Lanzarote vuelve a dar ejemplo con la defensa activa del planeamiento desde el año 2000, "en un ejercicio de responsabilidad y transparencia que quienes seguimos aprediendo de esta isla esperamos se extienda al resto de Canarias".
El catedrático de Economía, José Luis Rivero Ceballos, hizo especial hincapié en la importancia de que el Cabildo "termine lo que ha empezado". Con respecto a los promotores de establecimientos con licencias anuladas, un 3% del total, pidió que no se confundan los intereses de esa minoría con los colectivos.
En el mismo sentido, reclamó políticas de empleo y medidas extraordinarias del Gobierno de Canarias para los trabajadores que puedan verse afectados por el cierre de alguno de los complejos sin licencia, como consecuencia de la ejecución de sus sentencias.
Finalmente, el catedrático de Derecho y ex director general de Urbanismo del Ejecutivo regional, Manuel González Viéitez, calificó la jornada de "momento histórico". "Normalmente estas cuestiones se discuten sin luz y a puerta cerrada. Este debate en un consejo de participación es sin duda una victoria de la sociedad de Lanzarote", valoró.
También apoyó la desclasificación de camas turísticas como criterio de compensación social por las ilegalidades urbanísticas, frente a otras cuestiones relacionadas con la calidad o los equipamientos, que a su juicio van aparejadas a los propios requerimientos de competitividad del sector.
Con respecto al resto de intervenciones, el Cabildo destaca que todos los miembros que pidieron la palabra lo hicieron para felicitar a la Corporación y a sus técnicos por el exhaustivo trabajo realizado. Además, se plantearon propuestas relativas a las posibles repercusiones penales para los responsables de la indisciplina urbanística; la exigencia de disculpas públicas a quienes han criminalizado las posturas de defensa de la legalidad territorial o la petición de agilidad en las actuaciones de cara al futuro.
