El Gobierno de España ha respondido al diputado socialista por Las Palmas, Sebastián Franquis, que los permisos de investigación de hidrocarburos concedidos a Repsol en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote "habilitan a su titular para investigar el subsuelo de la superficie otorgada, pero nunca constituyen una autorización de explotación, que se correspondería con una fase posterior, previo otorgamiento de una concesión de explotación de hidrocarburos".
"No se ha concedido a Repsol autorización alguna para desarrollar trabajos sobre el terreno", insiste el Gobierno en sus respuestas al diputado del PSOE, porque, reitera, la concesión a la multinacional es sólo para investigar si hay o no recursos y que esos permisos también se someterán a estudios de impacto ambiental.
Los permisos "no presuponen una autorización para la explotación comercial" en el caso de que se encontrara petróleo o gas, según insiste el Gobierno, que sí admite que "si los resultados son positivos, los titulares de los permisos de investigación tendrán que solicitar una concesión de explotación presentando un plan con los trabajos previstos y el método y la tecnología a utilizar".
A preguntas de Franquis, el Gobierno responde por escrito que "aunque los permisos de investigación confieren a su titular el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos dentro del área otorgada, no son en ningún caso una autorización automática de ningún tipo de trabajo". "Para cada trabajo específico se necesita obtener, con carácter previo, la corresondiente autorización administrativa que se someterá al trámite medioambiental que proceda", indica el Ejecutivo central.
"En el seno de dicha evaluación, el órgano ambiental analiza las características de la actuación y solicita informes de público interesado con el objeto de tener una visión completa de todos los agentes con competencias e intereses involucrados", señala en su respuesta.
Una vez desarrollado el procedimiento, el Gobierno español asegura que "se establecen cuantas prohibiciones y limitaciones resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente, objetivo absolutamente prioritario".
"Son evidentes las ventajas de la explotación racional"
El Ejecutivo de Rajoy insiste, no obstante, en que "son evidentes las ventajas que la explotación racional y sostenible que nuestros recursos de hidrocarburos reporta a España, tanto para la seguridad de suministro energético como por las oportunidades de empleo y riqueza que genera a nivel local y regional, lo que es perfectamente compatible con el turismo siempre que haya una preservación medioambiental del entorno".
Sobre el nuevo reglamento comunitario de explotaciones de hidrocarburos, el Gobierno de España responde a Franquis que "en su propuesta, la Comisión pretende unificar los criterios aplicados en Europa" y que "sería erróneo inferir que esta nueva legislación implica la paralización o suspensión automática de las actitivades afectadas".
A preguntas del diputado socialista sobre el desabastecimiento de agua desalada en esas islas como consecuencia de un hipotético vertido de crudo, el Gobierno responde que "la gestión del dominio público hidráulico, la planificación de los recursos hídricos y el establecimiento de planes ante una situación de desabastecimiento corresponden a la comunidad autónoma".
El Gobierno también reitera que la zona de "interés" se encuentra a 60 kilómetros de Fuerteventura aunque
reconoce que el punto más cercano de la autorización está a 10 kilómetros de la isla, así como el más cercano a Lanzarote se encuentra a 10. Además, asegura que el área sobre la que se permite la investigación no afecta al tráfico marítimo y que las autorizaciones en el Golfo de Valencia "siguen plenamente vigentes".
