La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda ha informado al diputado nacional del PSOE de Lanzarote, Miguel González, que "prácticamente con toda probabilidad los ocho hoteles lanzaroteños que recibieron subvenciones por parte de la Comisión Europea y que luego fueron anuladas por supuestas irregularidades administrativas, deberán devolver el importe íntegro de esos fondos al Estado español".
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se comunicó al diputado socialista de Lanzarote que la resolución definitiva está pendiente de un informe de la Abogacía del Estado, pero que en casos similares, las entidades o empresas afectadas siempre han tenido que restituir los fondos recibidos al erario público.
El diputado nacional del PSOE, Miguel González, ha señalado que "la postura del Gobierno parece bastante lógica, porque cuando se detecta una irregularidad en el empleo del dinero público la administración debe actuar rápidamente y corregir los posibles defectos".
El parlamentario lanzaroteño recordó que esos establecimientos han sido declarados ilegales por sentencias firmes de los tribunales, y que no es admisible que se beneficien de subvenciones europeas o estatales, "aquellos que han incumplido la ley".
España asumió el coste
El pasado 22 de junio, ACN Press publicaba que el Gobierno de España acabó asumiendo el coste de las subvenciones europeas a hoteles ilegales en Lanzarote, ya que la Unión Europea, después de investigar el "mal uso de los fondos" respecto de ocho hoteles que habían participado en el Programa 'Competitiveness', destinado a fomentar el empleo en zonas deprimidas (entre las que se incluyó a Lanzarote) se constató que había ocho hoteles con licencia anulada en firme por los tribunales.
La UE señalaba que las autoridades españolas ya habían procedido al pago de las ayudas y la cantidad total anulada al Ministerio de Hacienda español fue de 23.371.072 euros.
Los hoteles que recibieron subvención y cuya licencia fue anulada son el Rubicón Palace, que recibió 6,8 millones para crear 30 empleos; el Iberostar Papagayo, que recibió 1,5 millones para 75 puestos; el Princesa Yaiza, que recibió 4 millones para crear 157 empleos; el Hotel Meliá Volcán, que recibió 3,1 millones para 99 empleos; Natura Palace, con 3 millones para 122 empleos; el Hesperia Lanzarote, que obtuvo 2,8 millones para 80 puestos de trabajo y el Iberostar Costa Calero, con 1,2 millones para 60 puestos de trabajo.
Las subvenciones se otorgaron para zonas deprimidas, y los siete municipios de Lanzarote se habían calificado en 1998 por parte del Ministerio de Economía y Hacienda como zona prioritaria. Esas subvenciones se concedieron con el visto bueno tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno español entre 1999 y 2000, cuando paralelamente se tramitaba la Moratoria del Cabildo de Lanzarote, cuyo objetivo era el contrario que el de las ayudas, retardar el crecimiento económico.
