La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias, en un escrito de contestación al propietario de los terrenos rústicos ocupados en la urbanización La Bufona (Arrecife), Gonzalo Murillo, asegura que para demoler las casas en suelo rústico de La Bufona hay que esperar a que el Juzgado determine quiénes son los infractores, bien la empresa promotora o bien los compradores de las viviendas.
Murillo solicitó a la Dirección General del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias que le informara sobre el expediente abierto en el año 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por una infracción urbanística grave en esta urbanización de Arrecife. Desde Presidencia, se le remite un informe del director ejecutivo de la APMUN, Pedro Pachecho, sobre dicho expediente.
En ese informe reconoce que queda acreditado que se ejecutaron obras de piscinas, muros y acondicionamiento de parcelas en catorce viviendas ubicadas en suelo rústico de protección ecológica fuera del ámbito del plan parcial y que en julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras y el corte de suministro de luz y agua.
Dice la APMUN que "existe la posibilidad de reponer el orden jurídico perturbado ordenando la reposición de la realidad física alterada" y que esa reposición ha de exigirse al infractor o la Administración con cargo al infractor, "y aunque los indicios apuntan a que el muro fue promovido por Brisa y Costegui (la constructora), no ha quedado acreditado si en la ejecución del mismo intervinieron los actuales propietarios.
Señala que antes de ejecutar la orden de demolición "por razones de prudencia", se debe esperar "a que las resoluciones judiciales vayan adquiriendo firmeza, "y ello porque la causa penal pendiente relativa a la modificación fraudulenta de unos linderos condicionará de forma inequívoca el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la Administración".
Anulada por el Tribunal Supremo
Hay que recordar que un informe que realizó la APMUN en 2008 se asegura que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima exigible para desarrollarse. Además se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Algunas casas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada. La modificación del plan parcial La Bufona está anulada por el Tribunal Supremo.
La Agencia ordenó hace once años la suspensión de las obras y el precinto de las mismas aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.
En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras.
En dicho procedimiento, los promotores derivaron la responsabilidad de la edificación ilegal hacia los propietarios de las viviendas, entre los que está el ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, familiar de Fernández Camero. Los compradores de las viviendas no han sido llamados a declarar.
La APMUN también reconocía en su informe de 2008 que las viviendas ejecutadas en el ámbito del Plan Parcial La Bufona-interior no se ajustan a las licencias de obra emitidas por el Ayuntamiento de Arrecife y que han sido ampliadas ilegalmente entre los años 2000 a 2007, muchos años después de haber sido compradas a la mercantil Brisa Inversiones, promotora de las obras.
ACN PRESS
