Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, quiso recordar, durante su primera visita oficial a Lanzarote, que no se trata de una resolución, sino de un mero informe sin fuerza vinculante.
"Lo verdaderamente importante de la desclasificación", aclaró, "es que se cumplan los requisitos que exige la Ley de Directrices". Dijo que están estudiando la posibilidad de revisar el informe a la vista de las alegaciones que han hecho los cabildos, porque no sólo la institución lanzaroteña ha mostrado su desacuerdo con los requisitos de la ley.
Admitió que "cuando existe una discrepancia entre distintas instituciones están los tribunales de lo contencioso para decidir quién tiene razón en la interpretación de la ley" pero aseguró que, con independencia de la actividad de los tribunales, va a revisar lo que le ha expuesto el Cabildo. "Si efectivamente compartimos la misma teoría, corregiremos el informe", concluyó.
La visita protocolaria del consejero se convirtió ayer en una intensa jornada de trabajo y de reuniones con los responsables de las instituciones insulares. A primera hora de la mañana Berriel se reunió con su homólogo del Cabildo, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Carlos Espino, y con la presidenta de la máxima institución insular, Inés Rojas.
Objetivos del Gobierno de Canarias
El consejero aprovechó para dar a conocer a las instituciones de la Isla la política y las prioridades de la Consejería del Gobierno canario para el próximo año. Uno de los objetivos del Gobierno es "tratar de agilizar todos los procedimientos, actuando en el marco legislativo para simplificar procedimientos y para permitir un mejor conocimiento y una mejor aplicación de la normativa, a través de la aplicación de técnicas de simplificación", que es lo que los ciudadanos y las administraciones necesitan para poder avanzar, según su opinión.
Otro de los objetivos tiene que ver con la "puesta en marcha de actuaciones integrales para la recuperación del medio ambiente, en las que tienen que trabajar juntos el Cabildo, los ayuntamientos y la Consejería", afirmó.
Licencias de apertura
El consejero, sin embargo, no quiso pronunciarse acerca de las licencias de apertura que recientemente han sido denegadas por parte del Cabildo a determinados complejos hoteleros de la Isla.
"Las licencias no son competencia de la Consejería, sino del Cabildo y de las administraciones municipales", subrayó. Y añadió que en lo que tienen que ponerse de acuerdo es en el momento del planeamiento: "Sí es nuestra competencia el llevar a cabo una política de desarrollo sostenible, que se traduce en hacer lo estrictamente indispensable y aquello que vaya acorde con el crecimiento que el Gobierno se ha marcado y que el Parlamento ha ratificado con las Directrices Generales del Turismo. Todo lo que vaya en esa línea de cumplimiento con esa filosofía y esa materia, tendrá nuestro apoyo, dentro de nuestras competencias", confirmó.
Tolerancia cero con las infracciones en espacios protegidos
El consejero se mostró tajante a la hora de valorar las obras ilegales en espacios protegidos. "Las actuaciones en el territorio que no estén amparadas en una licencia otorgada siguiendo los trámites legales, no sólo están condenadas al fracaso, sino que la consecuencia jurídica es muy grave y muy dura para quien infringe el ordenamiento urbanístico", dijo en referencia al endurecimiento de la legislación. Recordó que "las sanciones son multimillonarias, y no porque lo quiera la Consejería, sino porque lo ha querido la sociedad a través del Parlamento".
Aclaró que "cuando esas actuaciones se dan en espacios protegidos son delito, y en ese caso es el Fiscal y los tribunales de Justicia los que actúan. Las consecuencias pueden parecerle al infractor desproporcionadas, pero es que el territorio de Canarias es muy escaso y el daño que se hace al interés general y al resto de ciudadanos cuando se emprende una actuación descontrolada o fuera de la legalidad es muy grande y, por tanto, la sanción es muy grande también".
En los espacios naturales ni siquiera prescribe la obligación de restaurar el espacio. "Por lo tanto, si alguien ha hecho o hace algo en un espacio natural sin estar amparado en la legalidad, está incurriendo en una gran temeridad y le aconsejo que no lo haga porque le aseguro que su acción no puede quedar, ni quedará, impune", aseveró con firmeza.
