El Consejo Consultivo de Canarias ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé sobre el expediente de la piscina municipal que nunca se llegó a construir en Playa Honda. Ante este informe, el Consistorio ha señalado que Sport y Ocio Lanzarote S.L. deberá restablecer la parcela a su estado original. El Ayuntamiento, por su parte, incautará la garantía "por el abandono de la concesión" por parte de la empresa adjudicataria.
Este informe, en el que el Consejo Consultivo resuelve que en la tramitación de este expediente "no se ha incurrido en irregularidades procedimentales", fue llevado el lunes al pleno de San Bartolomé. La alcaldesa, María Dolores Corujo, mostró su "satisfacción" por haber puesto "por fin punto y final a una polémica que ha durado más de dos años". La primera edil insistió en que fue la empresa la que "paralizó las obras", sin que "existiera duda alguna sobre la titularidad del suelo por parte de este Consistorio, como se ha reiterado en constantes ocasiones".
Aunque el Ayuntamiento pretendía que Playa Honda contara con "un centro deportivo, con piscina, ambicioso y con instalaciones modernas", lo cierto es que de momento lo único que hay es una parcela llena de escombros. El Consistorio ha asegurado que recuperará este espacio, en el que se restablecerán "infraestructuras deportivas". No obstante, la alcaldesa ha anunciado que su "deseo" es que en un futuro el proyecto "prospere en dicha localidad, que adolece de un centro deportivo en condiciones". La apuesta del Ayuntamiento para obras de grandes infraestructuras es la "inversión conjunta público y privada".
Este contrato de concesión de obra pública con la empresa Sport y Ocio Lanzarote S.L. se suscribió el 26 de abril de 2010. El 31 de mayo de 2011, la empresa concesionaria "abandonó unilateralmente la obra, después de cuatro meses y cuatro días del inicio de las mismas". Por ello, el Ayuntamiento siempre ha defendido que no se está ante "un retraso de las obras, sino ante un abandono completo de las mismas, lo que constituye un abandono de la concesión".
Pérdida de la fianza
"Esto determina que pierda la fianza y debe indemnizar a la administración por los daños derivados del incumplimiento", ha recordado el Consistorio, que ha insistido en que la empresa concesionaria no necesitaba que el bien estuviera inmatriculado. "Esta inscripción la pudo solicitar desde el 26 de abril de 2010, pudiendo solicitar de la administración la autorización para hipotecar la concesión. Por ello, resulta inconsistente la alegación de la empresa en la que expresa que el crédito no fue concedido por esta razón", han insistido desde el Consistorio.
Así, por este incumplimiento por parte de la empresa, el Ayuntamiento incautará la garantía definitiva, que asciende a 172.501,24 euros, y exigirá una indemnización por daños y perjuicios. La empresa deberá ejecutar las obras de reposición de la parcela a su estado original en un plazo "previsto" o las ejecutará el propio Ayuntamiento. No obstante, será la concesionaria la que tenga que reponer el importe de las obras, que de manera estimada rondará los 300.000 euros.
