La huelga anunciada por el Comité de Empresa de Inalsa ha sido aplazada por el momento, pero el conflicto laboral que mantiene en tensión a la empresa insular de aguas de Lanzarote (INALSA) y su comité de empresa continúa abierto. Los trabajadores dejarán en manos de los jueces mediante un conflicto colectivo, la decisión de lo que consideran "una muy mala gestión del equipo directivo, que hace caso omiso de lo que establece el Convenio Colectivo".
Entre los incumplimientos que desde hace meses el Comité de Empresa lleva denunciando, se encuentran "los nombramientos a dedo", dice el portavoz sindical, David Luna. "Tres asesores, al igual que el gerente, fueron contratados a dedo sin contar con el Comité de Empresa como estipula el Convenio Colectivo", asegura.
Además, Luna también hacía referencia a la creación de "una plaza ilegal de delineante en la Oficina Técnica". Ilegal, explicaba el portavoz, porque tampoco se adapta a los criterios establecidos en el Convenio. "Desde un principio el comité ya dijo que era una plaza innecesaria, porque ya existen puestos con esa función y acarrea un aumento del gasto salarial", declaraba.
Así, hacía referencia además a que en el mes de mayo era la propia presidenta del Cabildo, Manuela Armas, la que mandaba paralizar la creación de dicha plaza, aunque según asegura, "dos meses después Inalsa revocó la orden de la máxima respresentante de esta isla", lo que según su opinión viene a demostrar que "Inalsa no se rige por los designios por los que se rigen todas las empresas".
Horas extra
En relación a las horas extra, desde el Comité de Empresa consideran que "no se puede permitir que se hagan horas extra por hacerse. No podemos permitir que la empresa amplíe horas extras que son innecesarias", afirma asegurando que serían evitables "si el personal estuviera bien distribuido".
Al Parlamento de Canarias
Por otro lado, desde el Comité de Empresa han llevado al Parlamento de Canarias la cuestión relativa a la doble vertiente existente entre el Consorcio de Aguas e Inalsa. Según David Luna, el Tribunal de Cuentas del Gobierno de Canarias ya determinó que estos dos entes no podían coexistir. Por ello han vuelto a remitir la información al Parlamento regional para que "tomen cartas en el asunto".