Cuando cumple un año, y después de haber asestado el golpe más duro desde su inicio, el caso "Unión" sigue sin descansar. Mientras los agentes de la UCO analizan la documentación requisada en las últimas oleadas de registros, de la que podrían salir nuevas pistas, también han empezado a enviar las primeras citaciones a nuevas personas que se están sumando a la lista de imputados. Y es que como ya sucediera hace un año, algunos de los implicados en la causa tendrán que comparecer voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil para prestar declaración, y posteriormente serán citados por el magistrado César Romero Pamparacuatro.
Sin embargo, tampoco se descarta que puedan producirse nuevas detenciones, dependiendo del avance y de las necesidades de la investigación. Lo que sí es seguro es que el número de imputados seguirá creciendo. De hecho, la cifra de unos 70 imputados que se conoce hasta el momento podría elevarse a más de 90, al sumarse nuevos empresarios y cargos o ex cargos públicos de las instituciones de la isla.
Y mientras la causa sigue ampliándose, la denuncia que dio origen al caso "Unión" y que hizo que los agentes de la UCO desembarcaran en Lanzarote hace un año, podría pasar a convertirse pronto en una pieza separada, al igual que ha sucedido con otras tres hasta el momento.
Y es que aunque todo empezó cuando el consejero socialista Carlos Espino denunció un intento de soborno del empresario Fernando Becerra, en nombre presuntamente de Luis Lleó, lo cierto es que después la causa siguió creciendo por muchos otros frentes, de la mano de las escuchas telefónicas y de una segunda denuncia, presentada por José Antonio Castellano. A través de él, se puso por primera vez sobre la mesa lo que se ha convertido en el principal eje del caso "Unión": una presunta organización perfectamente jerarquizada para delinquir desde las filas del PIL.
Algo que ya se reflejaba en la denuncia de Castellano. Y es que tal como acreditan las conversaciones grabadas y las propias confesiones de algunos de los imputados, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra le pidieron una comisión a cambio de que el Ayuntamiento de Arrecife hiciera efectivo el pago de una deuda que mantenía con su empresa. Pero además, en las "negociaciones" participó como intermediario Matías Curbelo, y detrás de toda la operación estaba supuestamente Dimas Martín.
Origen de la asociación ilícita
De la larga lista de delitos que se investigan en el caso "Unión", es precisamente el de la asociación ilícita el que más motivos ha dado a la Fiscalía Anticorrupción para asumir ahora directamente este caso.
Ya en la primera fase, hace un año, los investigadores plantearon que existía una auténtica trama organizada, dedicada fundamentalmente al cobro de sobornos a empresarios, y cuyo presunto cabecilla sería Dimas Martín. En aquel momento, fueron detenidos o imputados cargos públicos del partido que estaban en activo, además de una larga lista de militantes.
Después, el avance de la investigación, que el pasado mes dio lugar a la Operación "Jable", ha permitido remontarse en el tiempo y encontrar presuntos hechos delictivos que también ligarían supuestamente a Dimas Martín y a ex cargos públicos del partido. Entre ellos, la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que fue enviada también a prisión provisional. Entre otras cosas, se pretendería demostrar que la presunta asociación ilícita no surgió en esa legislatura, sino que existía desde hace años.
Otras piezas
Así, los delitos de cohecho ligados a esa supuesta asociación ilícita se quedarían como el eje central de la causa, que tendrá que seguir dividiéndose. De hecho, la propia envergadura del caso, y la cantidad de tramas paralelas que encontraron en el camino de la investigación, ya había obligado a separar algunas piezas desde hace meses, sobre las que se levantó el secreto de sumario. Primero la relativa al teatro insular, que se abrió pese a carecer de licencia y aunque había informes que alertaban de deficiencias en materia de seguridad. En ella están imputados el consejero Rubén Placeres, Enrique Pérez Parrilla y Ubaldo Becerra.
Después, la relativa a la construcción de una gasolinera en Yaiza, en la que están imputados Honorio García Bravo y su hijo, Honorio Nicolás, y el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo.
Y por último, la relativa a la casa del arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, en la que también está imputado el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por un presunto delito de prevaricación urbanística. Además de en esta pieza, Carlos Morales también se mantendría imputado en la pieza central, ya que además de las presuntas irregularidades de su vivienda, también se investiga su participación en el supuesto intento de amañar la adjudicación del Plan General de Arrecife, en la que está directamente vinculado el líder del PIL.
Ahora, a estas tres piezas separadas pronto podrían sumarse otras tres: la de Costa Roja, en la que están imputados, entre otros, los empresarios Fernando Becerra, Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, al que la UCO señala como el principal beneficiario del intento de soborno al consejero socialista Carlos Espino; la de las obras ilegales en la vivienda familiar de Dimas en Los Rostros, por la que está imputada incluso su mujer, Elena Martín; y la relativa al patrimonio de Dimas Martín, en la que hay siete personas imputadas por insolvencia punible y/o blanqueo de capitales. En ella, Susana Martín, Carlos Matías Curbelo, José Ramón Vizcaíno, Samuel Lemes y los andaluces José María Rossell y José Gonzalo Gil, además de Juan Franciso Rosa, están acusados de haber ayudado al líder histórico del PIL a ocultar a la Justicia una fortuna de al menos 8,5 millones de euros (1.400 millones de las antiguas pesetas).
Tal como el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, explicaba a La Voz, muchas de estas piezas separadas continuarán en manos de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, o de otras áreas específicas de la Fiscalía, mientras que Anticorrupción se encargará de la pieza central, en la que ya ha empezado a trabajar.
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