José María Espino desvela que el nuevo centro de menores estará ubicado en la calle García Escámez y conllevará el cierre y derribo de parte de las instalaciones de Playa Honda

El CAM de Arrecife abrirá en dos meses

Los centros de menores de Canarias están en el ojo del huracán. Esta semana el Gobierno de Canarias ha destituido a cinco responsables de este tipo de centros con medidas judiciales de Gran Canaria y Tenerife. ...

El CAM de Arrecife abrirá en dos meses
El CAM de Arrecife abrirá en dos meses

Los centros de menores de Canarias están en el ojo del huracán. Esta semana el Gobierno de Canarias ha destituido a cinco responsables de este tipo de centros con medidas judiciales de Gran Canaria y Tenerife.

Según ha publicado un diario regional, "se trata del coordinador de centros, del director y la subdirectora de Valle Tabares (Tenerife), el director de La Montañeta (Gran Canaria) y del subdirector de Mesa Ponte (Tenerife).

En Lanzarote estamos muy identificados con los problemas vinculados a estos establecimientos, ya que los CAM de Playa Honda han sido denunciados incluso por Amnistía Internacional como instalaciones de características infrahumanas para el internamiento de menores de edad. También el Alto Comisariado de Derecho Humanos de la Unión Europea, dirigido por Álvaro Gil Robles, mostró una gran preocupación ante la situación del internamiento de niños inmigrantes en la Isla de los Volcanes.

Cierre de Playa Honda

Ya hace tiempo que el Cabildo está haciendo todo lo posible para proceder al cierre de los CAM de Playa Honda y su traslado a la capital de la Isla. LA VOZ se puso ayer en contacto con el consejero de Asuntos Sociales de la Primera Institución, José María Espino, que aseguró a los lectores de este diario que el nuevo centro de Arrecife estará en funcionamiento en apenas dos meses. El nuevo CAM estará ubicado en la calle General García Escámez, frente al ambulatorio de Santa Coloma. Inmediatamente tras la apertura de las nuevas instalaciones, uno de los centros de Playa Honda será cerrado y derribado.

Por otra parte, la Consejería dirigida por Espino está a la espera de la financiación por parte del Gobierno de Canarias para la construcción de un segundo centro de menores en la ciudad. Según el consejero, hacen falta unos 400.000 euros para la acometida de las obras, que por otra parte y en vista de los informes de diversas organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos son vitales para la Isla.

En cualquier caso, al calor de las recientes carencias detectadas por el Gobierno regional en la gestión de varios centros en las islas capitalinas, Espino quiso asegurar que en Lanzarote no hay a día de hoy ningún problema en los centros de menores.

¿ Reorientación o purga?

En cuanto a la destitución de los cinco responsables en Gran Canaria y Tenerife, la versión oficial del Ejecutivo es que se trata de una iniciativa que "tiene que ver con la reorientación de los proyectos educativos y los planes formativos de cada uno de los centros". Sin embargo, los empleados de estos centros han aventurado a los medios de comunicación que se trata de una decisión tomada a raíz de la fuga de tres delincuentes juveniles, ocurrida hace quince días en el CAM de Valle Tabares, en Tenerife.

Gestión nefasta

La responsable del área de menores de la Federación de Educación de UGT en Canarias, Rosa Afonso, consideró ayer que la gestión de los centros de menores bajo medidas judiciales ha sido nefasta, y requirió que ésta sea pública.

Afonso respondió así en rueda de prensa al ser preguntada por los periodistas por la destitución de varios responsables de los centros de menores bajo medidas judiciales como el de Valle Tabares (Tenerife), donde esta semana se fugaron tres menores.

Recordó que desde hace años su sindicato ha rechazado la gestión privada de estos centros y ha reclamado personal cualificado, entre los que se incluyan educadores para conseguir la rehabilitación de los jóvenes.

La representante sindical dijo que es lamentable que tengan que suceder incidentes en estos centros para que la administración decida impulsar una gestión pública de los mismos.

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