El Pleno reafirma por unanimidad el manifiesto aprobado en septiembre, lo traslada a parlamentarios y ayuntamientos para evitar el intento de eliminar la triple paridad y apoya la rebaja de los topes electorales, "un cebo" según Inés Rojas para

El Cabildo rechaza con una Declaración Institucional la propuesta del PP y el PSOE sobre la reforma electoral

- Fajardo(PSC) recuerda que fueron Paulino Rivero y CC quienes ‘tendieron la alfombra' con la propuesta de 69 diputados, mientras Docal (PIL) exige a socialistas y populares que garanticen que sus respectivos parlamentarios respaldarán el manifiesto - Cabrera (PP), que pide un mayor marco competencial, reivindica una Ley de Sedes y recuerda el papel desarrollado por Rafael G. Stinga y otros precursores en su lucha por el equilibrio interinsular. Hernández (AC), que insiste en el papel de las ag

El Cabildo rechaza con una Declaración Institucional la propuesta del PP y el PSOE sobre la reforma electoral
El Cabildo rechaza con una Declaración Institucional la propuesta del PP y el PSOE sobre la reforma electoral

El Pleno del Cabildo insular de Lanzarote aprobó este lunes, por unanimidad, la ratificación de la Declaración Institucional aprobada el pasado 30 de septiembre en favor de la triple paridad.

El Pleno aprobó en sesión extraordinaria y urgente, con los votos a favor de todos sus miembros, un manifiesto en el que se rechaza el modelo de la lista regional propuestop por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSC-PSOE), y hecha pública el pasado viernes en el ámbito regional por parte de la ponencia que estudia la actual reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La declaración, [aprobada por el Cabildo por vez primera el pasado 30 de septiembre->http://www.lavozdelanzarote.com/article.php3?id_article=2440&var_recherche=triple+paridad], aboga por el equilibrio territorial de las Islas en el actual sistema electoral canario. El texto alude al nuevo marco coyuntural de las relaciones Canarias-Estado para redefinir la articulación de las Islas en el contexto autonómico y garantizar un modelo electoral que se basa en la triple paridad, que a su vez, se sustenta en el equilibrio territorial entre las distintas islas del archipiélago: mismo número de parlamentarios para las dos islas capitalinas que para las cinco islas menores; misma cifra de representantes por cada una de las dos provincias; y proporcionalidad de parlamentarios en función al peso poblacional de cada isla.

Topes electorales

El Pleno, al mismo tiempo, se mostró a favor de la rebaja de los topes electorales, "un cebo para las islas menores" en palabras de la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, consistente en la bajada del 30 al 15 por ciento en los topes para tener representación regional, y del 6 al 3 por ciento en cuanto a los límites mínimos para que los partidos cuenten con representación en el ámbito insular.

La máxima dirigente de la Primera Corporación manifestó su malestar por la manera "egoísta de hacer política desde las islas centrales para que las islas menores aceptáramos una iniciativa para la que no se ha nos ha tenido en cuenta en absoluto", dijo.

Estos topes electorales han dejado fuera del Parlamento de Canarias a formaciones políticas que, aún siendo minoritarias en el ámbito regional, obtienen un respaldo importante por parte del electorado de su circunscripción.

Asimismo, el manifiesto aprobado por el Cabildo exige más y mayores competencias para Canarias en el proceso actual de reforma del Estatuto y que, una vez superada la adscripción provincial hace años, se refuerce el papel de los cabildos insulares en ese nuevo marco estatutario.

La declaración leída por Rojas insiste en que "la modificación del actual sistema electoral dejaría en el aire el equilibrio territorial, una de las características del actual marco autonómico".

La Corporación pedirá el apoyo para esta iniciativa a los ayuntamientos de la Isla, a los diputados por Lanzarote del Parlamento de Canarias, a todos los partidos políticos de la Isla y a los cabildos y ayuntamientos del resto de las islas, que estos días han celebrado y celebrarán sesiones plenarias con el mismo propósito.

La presidenta del Cabildo, Inés Rojas, confirmó al término del pleno que la Primera Corporación cuenta también con el respaldo de los otros cuatro cabildos de las islas no capitalinas, incluido el apoyo del socialista Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera.

Parlamentarios, Congreso y Ley de Sede

Del pleno de este lunes cabe resaltar que tanto el portavoz del PSC, Manuel Fajardo, como el del PP, Francisco Cabrera, se reafirmaron en contra de una propuesta lanzada por sus propios partidos en el ámbito regional.

La portavoz del partido de Independientes de Lanzarote (PIL), María José Docal, exigió a los portavoces de PSC y PP en el Cabildo que dejaran claro si sus respectivos parlamentarios regionales por Lanzarote iban a votar en contra o a favor de la iniciativa de la ponencia, de la que adelantó que su único y nuevo representante, Isaac Castellanos, en sustitución del fallecido Juan Antonio Betancor, rechazaría con rotundidad.

En respuesta, el secretario general del PSC-PSOE, Manuel Fajardo, garantizó que el Partido Socialista en Lanzarote respaldaría hasta sus últimas consecuencias lo aprobado ayer en el pleno, pero resaltó que "la última palabra la tiene el Parlamento Nacional".

Fajardo destacó que, en caso de salir adelante la propuesta de la ponencia, ésta sería respaldada sólo por un 56 por ciento de la Cámara regional, por lo que cualquier texto que salga del Parlamento canario sin un amplio consenso "no será tenido en cuenta en el Congreso de los Diputados".

El líder socialista relativizó el hecho de que hayan sido precisamente partidos de corte estatal los que hayan propuesto este cambio en el modelo electoral, para lo que recordó que "fueron Paulino Rivero y Coalición Canaria los que ‘tendieron la alfombra' con la primera propuesta de 69 diputados. "Si CC no hubiera querido en su momento una reforma electoral no habríamos llegado a esto", explicó.

Por su parte, Francisco Cabrera, portavoz del PP, recordó el papel jugado por Rafael G. Stinga y otros precursores que se posicionaron en contra del mismísimo Gobierno central para lograr "el equilibrio del que disponemos hoy día y que sabemos que es el que aportará el progreso y la prosperidad".

Además, los populares aprovecharon el pleno para solicitar una Ley de Sedes que garantice que las islas menores asuman "sedes del aparato administrativo, ya que todas están en Gran Canaria y Tenerife".

Por parte de los nacionalistas canarios, el vicepresidente segundo y presidente de Coalición Canaria en la Isla, Mario Pérez, insistió en que el Cabildo ha optado por la mejor solución para los intereses de Lanzarote y por el equilibrio de los ocho territorios", incluida La Graciosa".

Mario Pérez se opuso a cualquier "planteamiento centralista del nuevo Estatuto" y a una reforma electoral "guiada por el número de personas que viven en un territorio dejan a un lado los intereses generales de todas las islas del Archipiélago".

Reforma constitucional

Fue destacable igualmente la oposición mostrada en principio y únicamente por el consejero de Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), Pedro Hernández, quien recordó que ya en noviembre de 2004 a través de una moción de su partido se instaba al Pleno a dirigirse a la Cámara regional solicitando la mencionada rebaja de topes electorales, una moción "que ningún miembro de este pleno aprobó".

Hernández habló de "ceremonia de la confusión" por parte de PP y PSOE, a los que acusó de introducir la propuesta de reforma electoral con la intención de distraer a los partidos de las Islas de lo verdaderamente sustancial y necesario para Canarias: la transferencia de competencias en materias como puertos y aeropuertos.

El consejero de AC se adscribió finalmente a la declaración institucional después de que Inés Rojas aceptara su petición de incluir en el texto la posibilidad de una reforma constitucional en cumplimiento con el punto 46 B de la Declaración Internacional de los Derechos del Mar, "aprobada pero que no se cumple por su incompatibilidad con la Constitución".

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