El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha dado por constituida este martes la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de la institución para esta legislatura. A través de este órgano se canalizarán las quejas de la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios del Cabildo. El consejero de Participación Ciudadana e Inmigración, Echedey Eugenio, se hará cargo de este órgano.
La comisión, explican desde el Cabildo, "se encarga de defender los derechos de los ciudadanos, sugiriendo a las distintas áreas y organismos dependientes del Cabildo, las mejoras pertinentes en el funcionamiento de los servicios de la primera Corporación insular".
Todos los órganos de gobierno y de la administración están obligados a colaborar con la Comisión, que está formada por un representante de cada grupo político. Su sistema de votación para la toma de decisiones es el voto ponderado. La Comisión cuenta con una unidad administrativa, dependiente del área de Participación Ciudadana e Inmigración, encargada de la gestión, tramitación, seguimiento y finalización del procedimiento que las sugerencias y reclamaciones requiera.
"Defender los derechos de los ciudadanos"
La corporación señala que el presidente del Cabildo ha recordado al respecto que la administración dispone de esta herramienta "para que la ciudadanía pueda interponer cualquier reclamación, queja o sugerencia ante la Institución, respecto a su funcionamiento o a la mejora de algunos servicios". Según apuntan, "muchas de estas sugerencias y propuestas presentadas han sido aprobadas en estas comisiones, mejorándose así las prestaciones de algunos departamentos".
Los ciudadanos podrán presentar por escrito estas reclamaciones o sugerencias en el Registro General del Cabildo de Lanzarote (Avenida Fred Olsen, s/n, en Arrecife).
En el acto de constitución de dicha Comisión, el presidente de la Corporación insular, Pedro San Ginés, delegó la presidencia de la misma en el consejero Echedey Eugenio. El consejero explicó que "la Comisión deberá defender los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, supervisar la actuación de ésta, sus organismos autónomos y distintas entidades públicas, proponiendo acciones de mejora e informando de las reclamaciones y sugerencias que los ciudadanos y ciudadanas les dirijan".
