El Ayuntamiento de Arrecife no ha incluido el pago de las facturas atrasadas de Urbaser en la relación de empresas que se beneficiarán de los créditos que se han solicitado para pagar a proveedores. El concejal de hacienda, José Montelongo, señala que se debe a "instrucciones recibidas de los letrados que dirigen los diversos contenciosos que este Ayuntamiento sostiene con la empresa".
El alcalde, Cándido Reguera, asegurabaque se ha nombrado a un responsable del servicio para que analice y valore el contrato con la empresa y los servicios que se han prestado y que a partir de esa valoración "se verá lo que hay que pagar".
Urbaser tiene la concesión municipal de la limpieza de jardines, calles y la recogida de basura y reclama una deuda al Ayuntamiento de unos 19 millones de euros, aunque el Ayuntamiento no reconoce esa cantidad. Hasta el momento, Arrecife ha ganado dos de los pleitos que ha puesto la empresa por las diferencias de criterio sobre el servicio.
Hay que recordar que el contrato de Urbaser es la trama principal de la segunda fase de la 'operación Unión', la llamada 'operación Jable'. La Guardia Civil detuvo, en varias fases, tanto al gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, como a la ex alcaldesa María Isabel Déniz, al jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha y al ex secretario del PSOE de Arrecife, Miguel Ángel Leal, por su relación con este expediente, así como por el presunto pago de favores por parte de la empresa a la ex alcaldesa y una supuesta comisión ilegal de 300.000 euros.
En la misma operación se detuvo a otros cuatro directivos de Urbaser, a los que se acusa de cohecho y alteración en concurso público. Los detenidos, que aún permanecen imputados, fueron Stephan Jean Valverde, Francisco José Martínez, director de explotación y obras, Manuel Andrés Martínez, que fue director general del área de servicios urbanos y número dos de la compañía en el año 2002 y el director de servicios internacionales, Santiago Alonso.
Revisión de precios
Por otro lado, hay que recordar que un informe del interventor municipal de febrero de 2010 advertía que el contrato con Urbaser era "bastante perjudicial para el Ayuntamiento". El contrato aumentaba cada año en 300.000 euros la cantidad a pagar por el Ayuntamiento gracias a una revisión que se aplicaba según un índice avalado por el jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha, que fue destituido de su cargo tras ser detenido por segunda vez.
SG-ACN
