Nuevas declaraciones se han sumado esta semana a la investigación del caso "Montecarlo", que en esta ocasión había convocado a cuatro testigos para aportar nuevos datos a la causa. El primero en aparecer este jueves por los Juzgados ha sido el actual alcalde, Manuel Fajardo Feo, que públicamente ha hablado de las "malas prácticas" que encontró al llegar al Consistorio, y que asegura que han eliminado.
A continuación, a los Juzgados ha llegado también la concejal del PP Nayra Callero, que formó parte del grupo de gobierno encabezado por Cándido Reguera, imputado en esta causa. Callero ejerció durante unos días como alcaldesa accidental, tras la renuncia de Reguera, que dimitió de su cargo para evitar la moción de censura que estaban preparando CC, PSOE y AC.
La primera en declarar como testigo ha sido Nayra Callero, durante cerca de una hora, y a continuación ha entrado el alcalde, aunque ambos han abandonado juntos el Palacio de Justicia, pasadas las 14 horas.
Además, el miércoles también declararon como testigos dos trabajadoras del Ayuntamiento de Arrecife. Por un lado, la responsable de Contabilidad, que también ha ejercido como interventora accidental, Carmen Villaverde, y por otro, la responsable del departamento de Contratación, Elena Martín.
Esta última, que fue detenida e imputada en el caso "Unión", ha pasado a ser testigo en el caso "Montecarlo". Dentro de esta investigación, figura al menos un informe firmado por Elena Martín, en el que advertía de presuntas irregularidades en los pagos a una de las empresas bajo sospecha.
Concretamente, la responsable de Contratación informó negativamente a la aprobación de un gasto total de 166.592 euros, relativo a distintas propuestas de gasto con el mismo concepto de "realización, montaje y desmontaje destinado a decoración navideña". En su informe, fechado el 31 de enero de 2011, Elena Martín advertía que esos pagos vulneraban la Ley de Contratos del Sector Público y las bases del Presupuesto del Ayuntamiento de Arrecife.
En una de las piezas de la Operación Montecarlo, centrada en los pagos a las empresas Inelcon y Señalcon, ambas de Carlos Lemes, la Fiscalía sostiene que, entre otras cosas, se produjo un fraccionamiento en las facturas para evitar los trámites legales de contratación establecidos para esas cuantías, "así como un inflado de los importes facturados".
