El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha confirmado la propuesta de expulsión del país contra el activista José Morales, a consecuencia el expediente que se le abrió tras los incidentes registrados en una concentración pro saharaui.
Ahora, Morales tiene un plazo de 48 horas para presentar un recurso ante la Delegación de Gobierno en Canarias o, de lo contrario, tendrá que abandonar el país. "Voy a recurrir, por supuesto", ha afirmado el propio Morales tras conocer la resolución. "No nos imaginábamos esto. Esperábamos que fueran a decir que el expediente de expulsión se quedaba sin valor. Es injusto", ha señalado por su parte el portavoz del colectivo saharui, Bachir Mansur.
Mansur afirma que aún tienen esperanzas de que esto se soluciones. "Nos gustaría que esto tenga un final feliz y más acorde para José Morales, ya que si prosigue es una amenaza, no sólo para José, sino para el resto de inmigrantes", ha añadido Mansur.
La policía de la Brigada de Extranjería en Lanzarote abrió un expediente de expulsión a José Morales, por los altercados que se produjeron el viernes 22 de julio en una manifestación saharaui, cuando un policía sacó una pistola durante la concentración. Morales fue detenido entonces y se le imputó un delito contra un agente de la autoridad.
Según el atestado policial, durante la concentración, José Morales "se aproximó a los agentes de paisano que prestaban su servicio en un dispositivo de seguridad mientras realizaba una grabación de vídeo de los policías, procediendo una vez identificados los agentes con sus placas-emblema, a gritar policía opresora, policía asesina y a hacer gestos con las manos incitando al resto de concentrados para que se aproximaran, abalanzándose hacia los agentes y comenzando una agresión que provocó una reacción violenta de los asistentes a la concentración y que finalizó con una grave alteración del orden público".
Fue entonces cuando el policía sacó su pistola para "garantizar su seguridad", según señalaron entonces desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote.
Por su parte, Morales se declaró "inocente" y defendió entonces que el policía "nunca se identificó" y que los hechos fueron "desproporcionados". Sin embargo, lo sucedido llevó a que se le abriera un expediente de expulsión, que ahora podría llevarle a abandonar el país.
