Según consta en la sentencia, con fecha del 15 de octubre de este año, del juzgado de lo social número uno de Arrecife, la empresa municipal El Poril S.A. está obligada a la readmisión de dos trabajadoras (María Rosa Tejera y Sandra Armas) y al pago de sus salarios como vigilantes de parquímetros de Tías durante los meses de agosto a noviembre, en los que estuvieron despedidas de manera "improcedente".
Durante el juicio, la empresa justificó la reducción "proporcional" de la plantilla (fueron despedidas siete mujeres, de los nueve trabajadores con los que contaba El Poril) por "la difícil situación económica", llegando a afirmar que se encontraba en "quiebra técnica".Además, la empresa, cuyo principal responsable es el propio alcalde, José Juan Cruz, alegaba también que debido a las obras de Canalización de Aguas Pluviales llevadas a cabo en agosto y la Rehabilitación de la Avenida de las Playas en Puerto del Carmen que se desarrolla en la actualidad, y "donde se encuentra el 80 por ciento de la zona azul", desaparecían las zonas de aparcamiento, por lo que la empresa debía prescindir de estas trabajadoras "por no poder realizar las tareas para las cuales fueron contratadas".
Sin embargo, el tribunal declaró "nula" la extinción de los contratos laborales, ya que entendía que ninguna de las "causas objetivas" que alegó en un primer momento la empresa, están acreditadas suficientemente. Así, condenó a El Poril a la readmisión "en el mismo puesto de trabajo e iguales condiciones y al pago de las mensualidades que no percibieron desde la fecha del despido hasta la readmisión".
Pero para estas trabajadoras, la victoria en los tribunales no fue suficiente para resolver su situación. Tras ser readmitidas, según relatan, el 5 de noviembre "nos presentamos a las 9:00 horas en nuestro puesto de trabajo y allí no apareció nadie". Un día después, afirman que el alcalde y presidente de la Junta General de El Poril, José Juan Cruz, les dijo que ya no hay zona azul, que en sus oficinas ya no hay nada y que vayan al depósito municipal de vehículos (antiguas dependencias de la zona azul en el municipio), a cumplir las ocho horas laborales. "Le es indiferente que las hagamos paseando por la calle o sentadas allí solas a las puertas del depósito de vehículos", afirman. Por ello, denuncian que están "tiradas en la calle", sentadas en la acera delante del depósito municipal de vehículos, y sobre todo sin cobrar, porque no les han pagado los meses que les adeudan. "Somos madres de familia y no podemos estar así eternamente, tenemos que comer", aseguran preocupadas, después de ser recibidas por Cruz Saavedra en varias ocasiones sin resultado positivo.
Por otro lado, las trabajadoras también denuncian públicamente que de los nueve vigilantes de la zona azul en Puerto del Carmen, "casualmente fuimos despedidas las siete mujeres", ya que los dos trabajadores restantes fueron reubicados en otros puestos de trabajo. "A uno de ellos se le recolocó en la grúa municipal y al otro en el mantenimiento del nuevo merendero que hay entre Conil y Tías", explican.
De las siete trabajadoras despedidas, tres llegaron a un acuerdo y aceptaron los despidos y cuatro denunciaron a la empresa. Las otras dos empleadas restantes todavía están a la espera de sus respectivas sentencias.
