La Diputación del Común ha llegado a la conclusión de que "en Canarias se vulneran los derechos fundamentales de las personas dependientes", tras elaborar un informe especial sobre la dependencia, entregado este jueves en el Parlamento regional.
Con un gasto por habitante inferior a la mitad de la media española, listas de espera de 45 meses, nueve muertes diarias de afectados que no han recibido prestación y un déficit de 8.500 plazas residenciales, la situación es "grave", según esta institución.
De hecho, el informe refleja que ha empeorado incluso respecto al año anterior. Según el último informe que había emitido el diputado del común, correspondiente a 2020, la espera estaba en 927 días, pero ahora la sitúa en 1.350.
El estudio ha sido entregado al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, por el diputado del Común, Rafael Yanes. Posteriormente, el adjunto primero de la institución, Felipe Afonso El Jaber, ha presentado algunas de las conclusiones del informe, no vinculante, pero al que tendrá que responder el Parlamento de Canarias en las próximas semanas.
"Subir el presupuesto para dependencia es una de las conclusiones más obvias, pero también mejorar la organización, facilitar la colaboración entre administraciones y promover residencias sociosanitarias más cercanas y humanas", insiste el adjunto.
Canarias necesita 8.504 plazas residenciales más
Para alcanzar las 5 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años que establece como recomendable la Organización Mundial de la Salud, Canarias necesitaría crear 8.504 nuevas.
"Eso es más del doble de las plazas que hay previstas como máximo en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias", mencionó El Jaber como reflejo de la distancia del archipiélago a la hora de cumplir los derechos de los dependientes.
El adjunto de la Diputación del Común hizo hincapié, más allá de los datos, en la dureza de la vida de muchos dependientes, de sus familiares y cuidadores en un contexto de redes sociales deterioradas y de escasa atención pública, lo cual en muchos casos aboca a situaciones de pobreza.
Solamente para que Canarias alcanzara la media nacional, tendría que atender a 30.000 dependientes más, lo que supone más del doble de los que atiende actualmente, subrayó.
"A esta situación no es ajeno que en Canarias el gasto público en dependencia por habitante es menos de la mitad del conjunto de España", dijo Felipe Afonso El Jaber antes de detallar que las plazas residenciales son 4,31 por cada 100 mayores de 65 años en España, menos que las 5 que recomienda la OMS, mientras que en Canarias son 2,7.
Los isleños presentan menos solicitudes porque no confían en el sistema
También hay menos canarios que presentan solicitudes de ayuda, ya que tendrían que ser 28.000 solicitantes más para situarse en la media nacional, algo que no se explica por la menor tasa de población envejecida, que alcanza el 93% del conjunto de España.
"La conclusión más razonable es que no se presentan solicitudes porque la gente tiene poca confianza en el sistema", las personas se preguntan "para qué la voy a pedir si nunca llega", pero también puede haber desconocimiento de las ayudas y de los procedimientos o incapacidad para tramitarlo, ha dicho El Jaber.
En Canarias los servicios administrativos para la dependencia "están colapsados" y no solo se incumplen los plazos legales de tramitación, sino que los multiplican hasta por 7,5 veces, de manera que se van atendiendo solicitudes presentadas cuatro años antes.
El plazo máximo legal que tiene la administración para resolver una solicitud de ayuda a la dependencia es de 180 días desde su registro, y hay comunidades como Castilla y León que lo cumplen con holgura, de modo que "es posible". En Canarias tardan 943 días.
Eso son 31 meses de espera frente a los 6 meses legales, según los datos del Observatorio de la Dependencia, pero los que ha facilitado la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias son aún peores y estaban a finales de 2021 en 1.350 días, 45 meses.
Tardan "quince veces más" en revisar el grado de dependencia
Las revisiones del grado de dependencia, que los afectados solicitan porque para cuando les llega su prestación (el Programa Individual de Atención o PIA) su situación personal ya se ha deteriorado, también tienen demoras. El plazo legal son tres meses, pero la administración canaria tarda "quince veces más, 45 meses", dijo el Diputado del Común.
Actualmente, en Canarias hay 6.900 dependientes en lista de espera pidiendo la revisión de su caso. Y si llegado el momento su caso se revisa y se le deniega la revisión del grado, el afectado puede presentar un recurso de alzada, pero la respuesta llega 89 meses más tarde. Son siete años de espera, así que a finales de 2021 se estaban resolviendo las reclamaciones de 2014, explicó el adjunto de la Diputación del Común.
Precisamente en 2021 hubo un plan de choque nacional para sacar a personas del "limbo" de la dependencia que permitió rebajar en el conjunto de España en un 16,7% la lista de espera para recibir prestación. En el caso de Canarias no se redujo, sino que aumentó en un 23,1%.
El objetivo de ese plan era incorporar a 5.000 dependientes para ser atendidos en el archipiélago, y finalmente se llegó a 1.617.
Finalmente, el adjunto señaló que "el 27% de las quejas que recibe la institución tienen que ver con dependencia o discapacidad", y reconoció que "prácticamente ninguno de estos datos es desconocido", pero consideró importante reunirlos en un informe realizado para ayudar a mejorar las vidas de dependientes, familias y cuidadores con sus 19 grupos de propuestas.
