El líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ha enviado dos cartas abiertas a los medios de comunicación desde la cárcel para decir que no tiene nada que ver con ninguna operación delictiva y que está en condiciones de contestar a las miles de conversaciones grabadas de la investigación policial conocida como 'Operación Unión', que intenta esclarecer presuntos actos delictivos relacionados con la corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales en los que están implicados políticos, técnicos y empresarios de la Isla.
Una carta está fechada el 30 de diciembre en Tahíche y otra el 3 de enero en Tenerife, donde cumple condena ahora, y ambas se han enviado desde un correo electrónico sin identificar. Están firmadas por Martín y terminan con la palabra "continuará?"
Martín, en las misivas, carga contra la operación policial y contra los medios de comunicación, principalmente. Califica como una invasión su registro domiciliario y habla de juicios mediáticos paralelos en los medios "afines a algún partido político" para acabar con su trayectoria política.
Niega trato de favor por parte del director de la cárcel, con quien mantenía conversaciones telefónicas, llegando incluso a ofrecerle un trabajo, y dice que le conoce desde hace treinta años. También habla de "manipulación política" de su caso y de los sufrimientos que le han causado los "traslados arbitrarios" de una prisión a otra.
En la segunda carta dice que sigue asesorando a su partido y que ha colaborado en la elaboración de numerosos estudios documentos y que muchos de ellos los conocía el PSOE, con quien gobernaba, y sobre todo su secretario insular, Carlos Espino.
También dice que se reunió con otros socialistas como Manuela Armas o Juan Félix Eugenio, con quien asegura que elaboró el borrador de presupuestos del Cabildo. Asegura que no pretendía privatizar Inalsa, como se desprende del sumario de la Operación "Unión", sino que hizo un estudio para su "socialización" entre los abonados.
Órdenes
Por las conversaciones grabadas a Dimas Martín, que estaba inhabilitado para ejercer como cargo público, y los seguimientos realizados por la UCO, queda claro que no sólo asesoraba sino que dirigía y daba órdenes directas a miembros de su partido y a trabajadores públicos.
Dimas Martín, que ya ha sido condenado cuatro veces, está imputado en este procedimiento por varios delitos: cohecho, exacciones ilegales, tráfico de influencias y asociación ilícita. El juez le considera el cabecilla de una red de cobro de comisiones ilegales. Uno de sus colaboradores más estrechos a lo largo de décadas, Matías Curbelo, declaró ante el juez que Dimas estaba al tanto "de todas las cantidades".
ACN Press
