El juicio por el caso de los baños de Los Dolores, que volverá a sentar en el banquillo al líder histórico del PIL, Dimas Martín, ya tiene fecha, y se celebrará entre los días 20 y 22 de octubre. Junto a Martín, responderán ante la Justicia por estas obras el que era consejero de Obras Públicas del Cabildo por el PIL, Sergio Machín (actualmente en Coalición Canaria), y el que era jefe de la Oficina Técnica, José Manuel Fiestas.
Para estos dos últimos, la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión y siete de inhabilitación, mientras que para Dimas Martín solicita dos años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Todos ellos están acusados de un presunto delito de daños al patrimonio histórico y otro de prevaricación.
Los hechos se remontan a 2003, cuando Dimas Martín era presidente del Cabildo y autorizó la construcción de unos aseos públicos junto a la Ermita de Los Dolores en Mancha Blanca, siendo esta ubicación un espacio protegido.
El Partido Socialista presentó una denuncia y se abrieron diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, que concluyeron a principios de 2008, dándose traslado al Ministerio Fiscal para que elevara su escrito de acusación.
De ocho a tres imputados
En su escrito, el Juzgado archivó el procedimiento para cinco de las ocho personas que estaban imputadas hasta ese momento en la causa, y entre las que se encontraban el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, el concejal Aquilino Romero, el ex vicepresidente del Cabildo, Mario Pérez y dos técnicos,"por entender que no tuvieron participación relevante en la ejecución de las obras ni en la tramitación del expediente de aprobación".
Sin embargo, mantuvo la imputación de Dimas Martín, Sergio Machín y José Manuel Fiestas, afirmando que todos ellos participaron en la decisión de llevar a cabo esta obra "a sabiendas que conlleva destrucción de elementos integrantes de un Bien de Interés Cultural (BIC)".
Una actuación que según entendía el Juzgado instructor, podría ser constitutiva de un presunto delito sobre la ordenación del territorio y un delito sobre el patrimonio histórico, ya que según consta en los hechos del auto, las obras se aprobaron "sin contar con la previa calificación territorial exigible por tratarse de suelo rústico, ni con los informes previos preceptivos de la Comisión Insular de Patrimonio ni de la Comisión Mixta Inglesia Católica-Comunidad Autónoma, conociendo los imputados lo obligatorio de dichos trámites".
