Le llamaban "el jefe", y con razón. Controlaba los pagos que hacía el Ayuntamiento de Arrecife a los proveedores y ordenaba bloquear facturas. Supervisaba la adjudicación de las obras. Controló de cerca incluso las concesiones del Plan E de Zapatero y del Plan de Barrios. Tenía "elegidos" a los arquitectos que iban a elaborar el Plan General de Arrecife, pese a que ni siquiera había salido a concurso. Y participaba en reuniones sobre el Plan General de Yaiza, manteniendo además conversaciones con varios empresarios, con intereses en la zona de Playa Blanca.
El sumario de la Operación "Unión" revela que Dimas Martín tenía muchísimo más poder que el de un cargo público. Mientras cumplía condena, bien desde prisión o bien disfrutando del tercer grado penitenciario, controlaba cada paso que se daba en la administración, gracias a muchos cargos públicos del PIL. Y según han confesado algunos de los principales imputados, orquestaba el cobro de sobornos y decidía a quién beneficiar y a quién "dar caña", como llegó a afirmar el concejal Ubaldo Becerra en su declaración ante el juez César Romero Pamparacuatro.
Cada cual tenía su papel en la trama
Según la investigación, era una trama organizada en la que cada cual jugaba su papel. Incluyendo a intermediarios como Matías Curbelo, que también confesó en su declaración haber negociado el cobro de una comisión, y a "peones" como Alfredo Rodríguez, que acompañaba a Curbelo a realizar las transacciones.
Sin embargo, y al margen de los grandes negocios que se orquestaban de forma organizada, y que han unido a varios miembros del PIL bajo la acusación del mismo delito de asociación ilícita, también había "chiringuitos" particulares de algunos cargos públicos. Y tras las detenciones, y al enfrentarse a las escuchas telefónicas que evidencian esas negociaciones, muchos de ellos confesaron y, además, cargaron culpas contra otros compañeros de partido. Incluso, contra algunos que no figuran como imputados en la parte de la causa sobre la que se ha levantado el secreto de sumario.
Desde el primer día
En su confesión, Ubaldo Becerra llegó a afirmar que "fue José Miguel Rodríguez quien le contó cómo funcionaba y cómo había que hacerlo". El concejal relató al juez que ambos comenzaron a pedir comisiones nada más llegar al Ayuntamiento, en junio de 2007. Dice que entonces, Rodríguez le hizo la propuesta y "en agosto o septiembre se la tomó en serio". Los primeros empresarios que entraron por el aro, según el concejal del PIL, fueron Manuel Reina y Antonio Gómez. A uno se le pidieron unos dos mil euros, y al otro diez mil para cada uno, a cambio de darles obras del Ayuntamiento.
Después, según Becerra, llegó Manuel Brito, responsable de Infogelanz. Tanto Becerra como Rodríguez admitieron ante el juez que recibieron de él "dos mil o tres mil euros".
Aunque algunos de los empresarios imputados se declararon como "víctimas" del PIL, la investigación considera que en muchos casos, las comisiones que pagaban podían salir también del sobrecoste que se le cargaba a la obra a adjudicar. Es decir, que se hacía la contratación por encima de su precio real, aumentando los beneficios para todos los implicados en la trama. Y todo ello, según plantea Becerra en su confesión, con la posible colaboración de la hija de Dimas, Elena Martín, que estaba al frente del departamento por el que tenían que pasar las contrataciones. "Ella me decía: dime cuál quieres", explicó Ubaldo, agregando que imaginaba que "María Elena se saltaría también las normas de contratación".
Sin embargo, en algunos casos, a los empresarios se les cortaba después el grifo. A Reina, según Ubaldo Becerra, porque ya no pagaba más comisiones. A Gómez Ruiz, porque "no entregó la cantidad al completo" que se había acordado.
Dimas no entraba en minucias
Según Becerra, Dimas "no había aparecido" en las negociaciones de las comisiones de esos tres empresarios porque "lo veía como una minucia", por "la poca cantidad económica exigida". Sin embargo, sí hizo acto de presencia en la que después se solicitó al empresario Juan Antonio Castellano, al que el propio Dimas, según la confesión de los concejales, pidió que se le bloquearan los pagos. A Castellano, llegaron a pedirle unos 100.000 euros, y fue su denuncia en los Juzgados la que permitió destapar toda la trama.
Al explicar en qué basaba su afirmación de que Dimas estaba detrás de ese tema, Ubaldo afirmó que por "la aparición de Matías Curbelo", y por "las cantidades económicas, que eran de mucha mayor envergadura que las anteriores". Y lo mismo sucedió con el Plan de Barrios y las obras del Plan E, sobre las que hay varias conversaciones entre Dimas y los ediles del PIL en el sumario de la Operación "Unión".
Sin embargo, algunas "operaciones" también dieron lugar a pulsos internos entre los imputados, y tanto las declaraciones como las escuchas telefónicas evidencian tensiones entre ellos. Entre otras cosas, Becerra dijo que en las obras de Zapatero había una empresa de construcción que "tenía información privilegiada" y él mismo "detectó irregularidades y tuvo que suspender la mesa de contratación", por lo que le "hizo un requerimiento a María Elena Martín y al señor (Rafael) Arrocha para que le explicaran los criterios que habían seguido para ese pliego de contratación".
