En medio de las diferentes intrepretaciones que dentro del propio Grupo de Gobierno de Arrecife se han hecho sobre el informe enviado por la COTMAC respecto a la situación del Plan General, y con un nuevo frente abierto con Costas por el nuevo deslinde que pretende establecer en La Santa, y que ha puesto en pie de guerra a los vecinos afectados, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha hablado en el programa "Buenos Días Lanzarote", de Radio Lanzarote, sobre éstas y otras cuestiones.
Marcos Hernández, el senador por Lanzarote, ha avanzado que este jueves habrá una reunión para abordar las diferencias que mantienen sobre el futuro de La Santa entre usted, el director de Costas y el alcalde de Tinajo. ¿Es así?
Nosotros no hemos tenido aún esa reunión, pero bueno si él lo dice pues todavía estamos a tiempo de hacerlo. Yo con el director general de Costas tengo reuniones siempre que puedo, pero de todas maneras lo que sí tenemos es el día 8 convocada la Comisión Mixtadel Gobierno de Canarias con la Dirección General de Costas. Esa Comisión analiza todos los aspectos que tenemos en un Convenio entre Costas y la Comunidad Autónoma para determinadas obras en el litoral y el sostenimiento del litoral. En relación con esto nosotros mantenemos una discrepancia importante con Costas desde hace mucho tiempo, sin perjuicio de que en otras cosas tengamos acuerdo. Pero en esto no. Para el Gobierno de Canarias, que se ha manifestado reiteradamente a través de los acuerdos de laCOTMAC,esos suelos tenían la consideración de urbanos a la entrada en vigor de la Ley de costas, y así se lo acreditamos. Es más, no teníamos que habérselo acreditado porque somos autoridad urbanística y por lo tanto Costas no tiene que poner en entredicho lo que la autoridad urbanística le informa. Para nosotros la Ley de Costas es muy clara y dice que no tenía por qué estar en el planeamiento en ese momento. En esa discusión tenemos muchas costas en Canarias y la Consejería tiene muy claro que no era necesario que estuvieran en el planeamiento, sino simplemente la condición de facto de ser un núcleo con la consolidación suficiente para ser considerado como suelourbano. Ésa es la discusión entre Costas y la COTMAC, y Costas y la Consejería. El de la COTMAC fue un acuerdo definitivo que contempla esa zona como urbana, como el caso de La Santa, y además con los informes correspondientes de Costas. Tuvimos una reunión en Madrid, en la que acordamos que la COTMAC iba a ratificar su acuerdo, para desestimarle a Costas el requerimiento previo de que lo modificáramos como un razonamiento determinado. Lo hicimos y Costas sin embargo, ha recurrido a un contencioso administrativo entre la Direcciónde Costas y el Gobierno de Canarias por el acuerdo de la COTMAC. Lo que hemos hecho es emplazar a los vecinos, para que "codemanden" como parte interesada en el procedimiento que defiende la Consejería frente a los tribunales.
¿Existe este litigio en otros puntos de la península, y si existe, quién lo ha ganado?
No lo conozco, no tengo esos antecedentes. Nosotros tenemos informes jurídicos bastante explícitos y le llevamos infinidad de sentencias del Tribunal Supremo en las que claramente en urbanismo, esos suelos, en esos momentos, tenían consideración de área urbana.
Ha sido un diálogo verdaderamente infructuoso. ¿Cree usted que más allá de los tribunales se puede llegar a un entendimiento verbal anterior con Costas?
Es posible que sí. Más allá de este problema, tenemos una relación bastante buena y fluida. Pero en esta cuestión ellos mantienen su criterio y nosotros el nuestro. Insisto en que esto no puede interpretarse como un interés de la Consejería para perjudicar el litoral. Todo lo contrario, tenemos un acuerdo de defensa del litoral con Costas, pero no hay que ir más allá de la Ley para hacerla cumplir. Existen muchos otros casos en Canarias de dominio público en el que existe chabolismo, suciedad, etc. y hemos estado de la mano de la Dirección de Costas para restituir el litoral y tenerlo preservado. Pero, sin embargo, en este tema ellos tienen su criterio y nosotros el nuestro.
El informe que ha hecho la COTMAC sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife ha despertado distintas interpretaciones dentro incluso del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento. Realmente, ¿el dictamen aclara si se puede seguir trabajando sobre el documento y si se puede terminar en tiempo y forma?
El Ayuntamiento tiene pedidos dos informes, uno se ha evaluado y en el otro todavía se está trabajando. El primero ellos es el informe a la revisión del Plan General, en el que se analiza la fase de avance que culminó el Ayuntamiento en su momento y que se remitió a la Consejería. También pidieron un informe sobre la admisibilidad del Plan, si cumplía con los requerimientos técnicos para que saliese adelante. Se ha hecho un análisis del contenido del Plan que se ha remitido aquí y se señalan esos puntos en los que se debe completar y mejorar la documentación para seguir adelantey continuar con la tramitación.
El plan ya debería estar adaptado de acuerdo a las previsiones que establecía la Ley de Ordenación de Territorio y también la Ley de Directrices, pero no se puede imponer a los ayuntamientos el ritmo de trabajo, porque se pueden tener problemas políticos y de otro tipo, a la hora de sacarlo adelante. La Ley tiene una serie de consecuencias, sino se tienen adaptados los planes, no se pueden desarrollar y no se pueden aprobar planes parciales. La fecha del año 2009 ha sido un objetivo que se ha planteado la Consejería y que yo he comunicado en el Parlamento. La fase municipal es la más importante, cuando llegan a la Consejería, se analiza, se ve legalidad, y que se cumplan políticas sectoriales y supramunicipales, por tanto el tiempo crítico está siempre en los ayuntamientos.
Asimismo, el Gobierno está haciendo un Proyecto de Ley, para intentar simplificar y mejorar el marco jurídico que hay y que tiene bastante complejidad y ayudar a que los planes generales salgan adelante. Si un Ayuntamiento se dilata demasiado, tiene pasividad, no elabora los documentos en un tiempo prudencial y no camina hacia adelante, puede ser que el Gobierno en defensa de los ciudadanos establezca un planeamiento supletorio. No se trata de sustituir al Ayuntamiento, es una norma supletoria a la que el Ayuntamiento puede acogerse, para que así los ciudadanos puedan acogerse a él y estén en igualdad de condiciones respecto a los demás ciudadanos.
