A falta de la firma del convenio por parte de La Caja de Canarias, propietaria de estas dos fincas, el Boletín Oficial del Estado ha recogido este martes el expediente de expropiación

Costas anuncia la expropiación forzosa de la Isleta de la Santa en un plazo de 15 días si no reciben alegaciones

La Isleta y las salinas de La Santa pasarán a ser de dominio público en un máximo de 15 días si el expediente de expropiación forzosa de estas dos fincas, propiedad de La Caja de Canarias, que ha ...

29 de mayo de 2007 (14:57 CET)
Costas anuncia la expropiación forzosa de la Isleta de la Santa en un plazo de 15 días si no reciben alegaciones
Costas anuncia la expropiación forzosa de la Isleta de la Santa en un plazo de 15 días si no reciben alegaciones

La Isleta y las salinas de La Santa pasarán a ser de dominio público en un máximo de 15 días si el expediente de expropiación forzosa de estas dos fincas, propiedad de La Caja de Canarias, que ha salido publicado este martes en el Boletín Oficial del estado, BOE, no recibe alegaciones. En principio, el senador socialista Marcos Hernández, que asegura haber seguido de cerca esta operación, está convencido de que los propietarios no presentarán reclamaciones, porque "han sido informados previamente y están de acuerdo con el convenio que ha cifrado el terreno en 11,4 millones de euros".

Aún así, La Caja de Canarias todavía no ha firmado el acuerdo de compra, pero el senador socialista espera que lo haga en los próximos días. "Otros todavía dudan de que las conversaciones se hayan mantenido con la propiedad", manifestaba Marcos Hernández en clara alusión a la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que hace dos meses negaban que la entidad propietariahubiera mantenido recientemente negociaciones con el Estado.

Del mismo modo, Marcos Hernández reclama que Jesús Machín "diga y exprese a las claras cuáles eran las conversaciones mantenidas con grupos empresariales y en qué medida iban a salvar ese espacio". Para el senador, esta publicación viene a formalizar la adquisición de una zona que ha pasado a ser de dominio público y que según Hernández "ahora se encuentra salvaguardada", porque estaba "prevista la construcción de una urbanización de 5.800 camas residenciales".

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