Hace exactamente once días, unos molestos ruidos comenzaron a escucharse en los alrededores de la calle Tenderete, esquina con Aires de Lima. Algunos camiones deambulaban por el lugar, mientras un grupo de obreros se afanaba en colocar un vallado, invadiendo la acera. ¿Tendrán licencia? Es la pregunta que se hacían los vecinos, sobre todo considerando las recientes noticias sobre obras ilegales y el ingente porcentaje de expedientes que se abren en todos los municipios por esta causa. Y efectivamente, una vez más, se trataba de una obra sin licencia.
Y es sólo uno de los ejemplos. Hace apenas dos semanas, la policía precintaba por segunda vez la construcción de unos adosados en la calle Balayo, mientras que en Tahíche, desaparecía un aljibe centenario en medio de la noche, y sin que los propietarios tuvieran licencia para el derribo.
"Nada justifica una obra ilegal", explica la concejal de Urbanismo de Arrecife, Nuria Cabrera. "Pero si hay un cúmulo de cosas que influyen: hay temas de la adaptación del Plan General de Urbanismo de Arrecife que todavía no están corregidos, y la gente se ha cansado de esperar, y está haciendo barbaridades". La adaptación a las directrices del Gobierno de Canarias es otro de los posibles motivos. "También es verdad que en Arrecife el suelo escasea, y aquel que quiere construir se está dando prisa, pero me parece una barbaridad porque son edificios que nunca se van a legalizar y terminarán demoliéndose". Sólo en el municipio de Arrecife se han abierto 602 expedientes en el transcurso de este año 2006, de los que el 80 por ciento son expedientes urbanísticos, según ha especificado Nuria Cabrera.
En otros municipios, como el de Tías, el número de expedientes alcanza las 239 infracciones en obras, de las que 171 se han paralizado. Y en Teguise, según ha confirmado Domingo Cejas, el total de precintos se queda en 36 (en los núcleos de Caleta de Sebo, Famara, Costa Teguise y Tahíche). En general, son cifras elevadas, aunque, según apunta José Antonio Gutiérrez, concejal de Urbanismo de Tías, "la mayoría se da en viviendas ya hechas, en obras de ampliación; los expedientes a obras nuevas apenas alcanzan el uno por ciento del total". Según Carlos Espino, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, "hay Ayuntamientos que confunden el respeto a la ley con los intereses electorales, porque como está feo pararle la obra a un vecino, hay una permisividad exagerada".
Falta de vigilancia
Si en algo coinciden los concejales de ambos municipios, es que existe una falta de recursos para desarrollar una labor de vigilancia y localización de este tipo de infracciones. En Arrecife, existe una Unidad de Policía Urbanística, formada por dos agentes, "aunque los técnicos del Ayuntamiento, con sus revisiones de final de obra, también participan en esto", añade Nuria Cabrera. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras de obras ilegales que se llevan a cabo en el municipio, el número de efectivos no es suficiente. "Necesitaríamos, como mínimo, diez personas, para que se establezca una buena unidad de vigilancia para infracciones urbanísticas", explica Cabrera. En Teguise, esta unidad todavía no existe, sino que es el cuerpo policial el que desempeña esta labor. "Los vecinos están muy sensibilizados, pues cuando ven algo irregular lo denuncian", explica el concejal de Urbanismo, Domingo Cejas. "Otros, antes de comenzar una obra, pasan por el Ayuntamiento y se informan".
La falta de personal no sólo dificulta el hallazgo de estas obras, sino que demora los procedimientos de tramitación del expediente, y por tanto, la imposición de sanciones. "El problema no es tanto determinar si una obra tiene licencia o no, sino determinar si se ajusta a esa licencia, ya que para eso hay que realizar varias inspecciones", precisa la concejal de Arrecife.
Estas infracciones urbanísticas se dividen en dos categorías: leves y graves. Las sanciones para las primeras, oscilan entre los 300 y los 3000 euros, mientras las segundas sobrepasan los 6000 euros. Cantidades, que según Cabrera, pueden hacer tomar conciencia a los vecinos. "De las sanciones se encarga el departamento de Disciplina Urbanística", explica, por otra parte, José Antonio Gutiérrez. En el caso de Tías, este área está formada por dos policías, un jurista y un auxiliar administrativo. "El 95 por ciento de las infracciones es detectado por la policía, mientras el restante 5 por ciento lo hacen los vecinos".
Consecuencias
Si bien es verdad que de un tiempo a esta parte la legislación urbanística se ha consolidado y endurecido, el interés particular de ciudadanos y constructores continúa anteponiéndose a los valores urbanísticos y medioambientales. "Hay que pensar que el que ejecuta una obra ilegal hace daño a todos desde un doble punto de vista, porque se va degradando la calidad de nuestro paisaje y se terminan conformando núcleos residenciales sin ningún tipo de planificación", alega Carlos Espino.
Invasión de la vía pública
Sabían que no podían hacerlo porque se trataba de una "unidad de actuación", en la que para urbanizar hace falta atenerse a una serie de requisitos, pero el 7 de noviembre empezaron los movimientos para la obra. Un vallado que ocupaba la vía pública y máquinas que iban y venían para preparar el terreno, indicaban que una nueva obra ilegal se sumaba a los expedientes de actuaciones urbanísticas irregulares en Arrecife, que este año superan ya los 450. El propietario, de hecho, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, porque asegura que se trata de un suelo consolidado al estar rodeado de viales que están acondicionadas. Pero aunque el fallo fuera favorable, a efectos legales y a día de hoy, no tiene licencia para construir. El hecho se denunció el mismo día que comenzaron los preparativos en la parcela de Argana Alta ubicada en la calle Tenderete. Los técnicos se acercaron hasta el lugar y certificaron que se había producido movimiento de tierra y se había invadido la calle, mediante el vallado. Cuando el expediente ya estaba en infracciones, el pasado martes, el propietario que había sido advertido del expediente sancionador, decidió parar las obras, retirar las máquinas y se comprometió a reparar la zona. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las máquinas no habían vuelto, pero los propietarios tampoco, y la valla que invade parte del pavimento sigue dificultando el aparcamiento e impidiendo el paso de los vecinos por la acera.
Derribo de un aljibe histórico
Dentro del caos urbanístico que desafía el orden de la Isla, el pasado 6 de noviembre, una constructora derribó, mediante una grúa, un aljibe centenario en la localidad de Tahíche. En un principio, se llegó a cuestionar que el aljibe pudiera estar incluido en el Catálogo de Bienes e Inmuebles de Teguise, cosa que, finalmente, Domingo Cejas ha descartado. En cualquier caso, tras la denuncia, la Policía Local paralizó las obras ya que, como indicó el concejal, "carecían de licencias para realizar la demolición". Ahora, el constructor tendrá que pagar una sanción y presentar un proyecto de demolición. "El constructor se ha adelantado, lo ha hecho al revés, para cerrar expediente y poder legalizarlo, tiene que presentar el proyecto", explica Cejas.
El misterio de la nave Spínola
El caso de la nave del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Eduardo Spínola, sigue sin aclararse. El caso comenzó cuando en una columna de opinión, publicada en el diario La Provincia, se hizo referencia a "cierta nave industrial con categoría de almacén que tiene instaladas ya hasta las escaleras mecánicas". Esas palabras fueron reproducidas posteriormente por la propia concejal de Urbanismo de Arrecife, Nuria Cabrera, lo que provocó que Alternativa Ciudadana pidiera públicamente explicaciones sobre este asunto. La concejal aseguró en su momento que esta obra "tiene licencia para actividades clasificadas", y anunció que se investigaría si los trabajos se estaban ajustando o no a esa licencia, y si realmente se estaba construyendo un gran centro comercial sin licencia. Sin embargo, hasta la fecha, los técnicos no se han pronunciado. Nuria Cabrera explica que ya se ha realizado la inspección, aunque sólo desde el exterior, y se está a la espera del informe. Según la concejal, "se está localizando uno de los expedientes que se modificó en el año 2003, posteriormente a la licencia original".
Precinto sobre precinto
El pasado 30 de octubre, la Policía Local de Arrecife precintaba las obras de unas viviendas situadas en la calle Balayo, en Argana Alta. El motivo era una orden de la Concejalía de Urbanismo de Arrecife, después de que unos días antes, agentes de la Policía denunciaran a la empresa constructora por quebrantar el precinto impuesto a estas obras con anterioridad.
A punto de demolición
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) notificó, el pasado 3 de noviembre, una resolución por la que se procede a la demolición de una edificación situada en el denominado Camino de Güime, en el término municipal de Arrecife. Según el APMUN, el propietario cometió una infracción por realizar estos trabajos en suelo rústico.
