Además, desde Coalición Canaria en San Bartolomé instan al Ayuntamiento a que adopte un acuerdo de solicitar informes, tanto a la audiencia de cuentas del Gobierno autonómico, como a la intervención del Consorcio, sobre la compatibilidad del nivel de endeudamiento propuesto por dicho Plan, con la ley de estabilidad presupuestaria que les de aplicación como empresa pública.
El partido de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé considera que el Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa, "carece de una cuestión fundamental, como es la garantía de devolución de los créditos a las empresas que ejecuten las obras prefinanciadas", por lo que este planteamiento representa, según el criterio de los nacionalistas, "un riesgo demasiado alto para un sector tan estratégico como la producción y distribución del agua en la isla" y que piensan que "abocaría irremediablemente a Inalsa a su privatización, por medio del embargo de sus bienes por incapacidad de pago a sus acreedores", argumentan en una nota de prensa.
"Coalición Canaria defenderá el mantenimiento de Inalsa como ente público y vital en el desarrollo de Lanzarote, siendo un sector estratégico para los intereses de los ciudadanos de la isla", explican los nacionalistas de San Bartolomé. Por ello, consideran que deben ser los lanzaroteños y, fundamentalmente, los abonados, los legítimos propietarios de esta empresa. En este sentido, creen que el Ayuntamiento de San Bartolomé, como accionista en la empresa pública de aguas, debe garantizar la titularidad exclusivamente pública, tanto de la propiedad, como de la gestión, y por ello de la producción y distribución del agua en la isla.
Según los nacionalistas, el Plan de Inalsa "lejos de proporcionar estrategias encaminadas a una mejor gestión y control en el gasto de la empresa, propone una serie de medidas que podrían catalogarse como declaración de intenciones o, en el mejor de los casos, infraestructuras necesarias para el futuro", explican. Por ello, aunque piensan que las propuestas del Plan "son necesarias, se condicionan a un grave riesgo financiero" del que los miembros de CC exigen ser informados por los servicios de intervención del Consorcio Insular de Aguas.
Así, aunque piensan que todo lo que suponga una mejora en criterios de eficiencia y eficacia de una empresa pública "deben aplaudirse en principio", lo cierto es que consideran que lo realmente grave del asunto es que "supone un desembolso importantísimo para su ejecución, sin queexista un compromiso de financiación por parte del Cabildo o de otras Administraciones Públicas, ni se explique como hacer frente al endeudamiento que se propone".
Concretamente, según exponen los nacionalistas "se llegaría a un nivel de endeudamiento de aproximadamente 70 millones euros, de los que 47 millones de euros corresponden a la devolución de préstamos adelantados por las empresas privadas, más la deuda que ya había, y por los que habría que devolver 85 millones de euros según el propio plan", a pesar de que en ningún momento se explicitan las garantías que permitirían afrontar estas inversiones con la seguridad que una empresa pública merece.
