El juicio de La Bufona ha comenzado este lunes con dos acusados en el banquillo, pero durante la primera jornada se ha repetido con insistencia el nombre de un tercer socio de la empresa que promovió esa urbanización, Brisa Inversiones, y que falleció mientras se instruía esta causa. Se trata de Francisco Carmona, que trabajaba en el Ayuntamiento de Arrecife, como responsable del Catastro, mientras promovía estas obras.
"Carmona me dijo que no le gustaba ir a una ventanilla y tener que ver a un compañero. Me dijo que hiciera yo las gestiones, que presentara yo los papeles, porque no le gustaba que le vieran los compañeros", ha declarado el constructor Antonio Caro. Según ha declarado, fue el otro acusado, Federico Echevarría, quien le presentó a Francisco Carmona y ambos le preguntaron si le "interesaría hacer un polígono que tenían", es decir, la urbanización de La Bufona.
En ese momento, Echevarría sabía que Carmona era delineante y que trabajaba en el Ayuntamiento, según ha reconocido, aunque "cree" que no hay "incompatibilidad" en el hecho de que trabajara en el Ayuntamiento y a la vez promoviera esas viviendas, para las que incluso el Consistorio aprobó una Modificación del Plan Parcial. Gracias a esa Modificación (que años después, en 2009, fue anulada por el Tribunal Supremo), los promotores lograron casi duplicar la cantidad de casas que podían construir (según ellos, lo que pretendían era hacer una mayor cantidad de casas de menor tamaño cada una).
Una sociedad sin oficinas y con La Bufona como objetivo
Por su parte, Echevarría ha declarado que quien hacía las gestiones era "el señor Carmona" y ha empezado señalando que no sabe si "en esa época", cuando se iniciaron las obras en 1995, ya era trabajador del Ayuntamiento. Cuando el fiscal le ha recordado que Francisco Carmona trabajaba en el Consistorio desde los años 70, Federico Echevarría tampoco lo ha considerado un problema. "Trabajar en el Ayuntamiento y participar en una sociedad no creo que supusiera ningún tipo de incompatibilidad", ha respondido.
Respecto al objeto de la sociedad Brisa Inversiones, Echevarría ha asegurado que la intención era "hacer también otros proyectos, lo que pasa es que sólo se desarrolló ése". Por su parte, Antonio Caro sí ha señalado que el único objeto con el que los tres crearon la sociedad (en la que también participaban las mujeres de dos de ellos), era "desarrollar y hacer las obras" de La Bufona. Además, ha aclarado que la sociedad ni siquiera tenía oficinas.
En cuanto al suelo de la familia Murillo que presuntamente ocuparon con parte de las viviendas, ambos lo han negado. Sobre este punto, lo que ha señalado Echevarría es que en el año 1999 Murillo compró algunas propiedades que lindaban con las de Brisa Inversiones (según Gonzalo Murillo, sin embargo, fue en 1997 cuando su familia realizó una tercera compra de terrenos en esa zona, y ya habían hecho dos anteriores en los años 70 y 80).
"¿Consultaron el Catastro?", le ha preguntado el fiscal al constructor. "Los planos del Catastro están siempre equivocados", ha respondido Caro, que en este proyecto era socio precisamente del responsable del Catastro en Arrecife. "¿Y en el Registro de la Propiedad?", ha insistido el fiscal. "No, no hice ese análisis", ha terminado contestando, tras alegar que él se limitó a ejecutar un proyecto que ya estaba hecho.
De 46.500 metros a 50.800
Durante la primera jornada del juicio ha declarado también uno de los denunciantes, Gonzalo Esteban Murillo, que asegura que los acusados levantaron 6 de las viviendas sobre una finca de su propiedad. "Están ocupando mi suelo, pero las viviendas no son mías", ha asegurado. En su declaración, ha sostenido que Brisa Inversiones compró tres fincas que medían en total 46.500 metros pero, cuando las agruparon en una sola finca, la suma de las tres daba 50.800 metros, es decir, 4.300 más de lo que supuestamente habían adquirido.
"Con cada segregación, la finca crecía. Iban subiendo en lindero y tomando posesión del suelo a nivel registral", ha asegurado Murillo, explicando así el supuesto "modus operandi" de los acusados. Además, asegura que también "se comieron" la finca de su propiedad, alegando para ello que había un "exceso de cabida" (es decir, que la superficie del terreno era mayor de la que figuraba inscrita en el Registro). Sin embargo, según él eso no fue debidamente "explicado". Normalmente, los excesos de cabida se dan al existir contradicciones entre los datos del Catastro y los del Registro de la Propiedad.
Los Murillo emprendieron también acciones civiles para recuperar ese suelo, aunque hasta la fecha no lo han conseguido. Una de las abogadas de la defensa, África Zabala, ha llegado a asegurar que ese pleito ya está cerrado, pero Murillo ha defendido lo contrario y ha asegurado que están pendientes de una nueva sentencia porque hace años se reabrió la causa.
En cuanto a las reuniones que su familia ha mantenido con los promotores y con los compradores de las viviendas, Murillo ha negado que intentara "llegar a un acuerdo", como sostienen los acusados y ha declarado también una de las testigos. "Si el suelo te lo ocupan, lo que se puede pedir es que se devuelva o que se pague", ha defendido, negando haber presionado a nadie ofreciéndole retirar las acciones judiciales a cambio de una cantidad económica. "La única presión real que yo conozco es cuando me amenazaron con pegarme un tiro en la nuca si seguía", ha asegurado. Además de la supuesta usurpación de sus terrenos, Murillo también denunció que los promotores habían levantado parte de las casas en suelo rústico protegido, por lo que se enfrentan a una acusación por delitos contra la ordenación del territorio.
"Lo normal" y "lo legal"
Durante la declaración de los acusados, el fiscal ha preguntado a ambos si comenzaron las obras de alguna de las viviendas sin tener todavía la licencia del Ayuntamiento. "A mí no me consta eso. Se tenía la licencia y se construía", ha asegurado Echevarría, que en ese punto de la declaración ha asegurado que el de La Bufona es "el proyecto más legal que se ha hecho en toda la historia de Lanzarote".
"Yo supongo que sí. Es lo normal que se hace", ha respondido por su parte Antonio Caro, al responder a si tenían las licencias cuando iniciaron las obras. "Más que lo normal, es lo legal, ¿no?", le ha preguntado entonces el fiscal. "Sí, lo legal", ha respondido el constructor.
