El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguróque no habrá amnistía para las camas ilegales con la ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, una norma que, dijo, solo contempla la creación de nuevas camas a cambio de renovación, formación y creación de puestos de trabajo.
Domingo Berriel hizo estas manifestaciones tras hacer entrega al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, del proyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo que regula el marco en que el turismo se desarrollará en los próximos tres años mediante la fórmula de generar crecimiento económico sin ocupar suelo.
Berriel explicó en rueda de prensa que el proyecto de ley pretende dinamizar la economía y disminuir los niveles de desempleo, objetivos que, dijo, urgen en tiempo de crisis por lo que consideró necesario que el próximo año se inicie con la ley aprobada.
Así, defendió la petición del Gobierno canario de tramitar la misma por el procedimiento abreviado que, aclaró, no significa reducir los controles parlamentarios, sino disminuir la mitad los plazos.
Berriel no quiso entrar a analizar las manifestaciones del diputado socialista Julio Cruz, quien acusó al Gobierno de conocer los nombres de los hoteleros que conseguirán licencias con la nueva ley. Berriel recalcó que esas manifestaciones no merecen valoración y las achacó a la "típica salida" de alguien que está en la oposición.
El consejero confió en que en el trámite parlamentario los grupos logren el consenso necesario para mejorar un proyecto de ley para cuya elaboración se han tenido en cuenta, dijo, algunas de las aportaciones realizadas por los sectores implicados.
Así, negó las manifestaciones de las patronales turísticas canarias quienes han criticado que no se hayan incluido ninguna de las aportaciones que presentaron por separado.
Al respecto, Berriel aclaró que no se pueden admitir al cien por cien todas las alegaciones, y aseguró que se han tenido en cuenta algunas de las aportaciones, pero recalcó que todas las patronales turísticas no dicen lo mismo y consideró una tarea imposible conciliar todas las opiniones.
El proyecto de Ley establece límites al otorgamiento de autorizaciones previas suprimiendo las excepciones de interés general, señaló Berriel, quien destacó la apuesta por la renovación de la planta alojativa obsoleta. Para ello, se establece que durante los cinco años siguientes a la aprobación de la ley no se clasificará suelo turístico nuevo.
Aunque todavía existe suelo con derechos urbanísticos adquiridos, Berriel explicó que esos derechos se canalizan estableciendo que la única posibilidad de construir camas en tres años será como producto de la renovación. Precisó que para la creación de nuevas plazas, el promotor deberá renovar otras de su propiedad o comprar plazas obsoletas para rehabilitarlas o eliminarlas.
Destacó la simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística y señaló que se considerarán favorables los silencios administrativos, de tal forma que dicho silencio se interpretará como autorización otorgada, salvo que la actividad solicitada sea contraria al planeamiento.
El Gobierno canario establece en la nueva Ley el requisito de formar a un número de titulados de grado medio y superior que se corresponda al diez por ciento de las plazas hoteleras. A este respecto, se permiten hoteles-escuela de cinco estrellas con las condiciones de formación y contratación de personal conforme al Convenio de Formación y Empleo en el marco de la Estrategia de Empleo de Canarias durante un período mínimo de seis años, señaló Berriel.
Asimismo, detalló que la ley establece la obligatoriedad de presentar los proyectos para la construcción de hoteles de cinco estrellas en dos años a partir de que se apruebe la Ley e iniciar estas actuaciones antes del tercero, para evitar el almacenamiento de derechos y dar respuesta puntualmente a las necesidades sociales del momento.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El consejero explicó que el proyecto de ley no permite usos industriales en suelo rústico que no estuvieran permitidos previamente y únicamente agiliza el trámite administrativo para aquellas instalaciones de pequeñas dimensiones o escasa trascendencia territorial que no estuvieran prohibidas por el planeamiento, atribuyendo la competencia de su aprobación a los cabildos insulares. En ningún caso se menoscaban las garantías de protección del suelo y, entre ellas, la información pública.
Mediante la ordenación de los usos del suelo rústico, promueve la actividad agropecuaria y la dinamización del medio rural y da respuesta a la necesidad social de regularización de las múltiples explotaciones ganaderas que vienen operando con anterioridad a las nuevas exigencias legislativas.
En relación al suelo industrial, el Proyecto de Ley también recoge que el Plan Territorial Especial de Singular Interés Industrial sólo se podrá aprobar respecto a suelos urbanizables no sectorizados estratégicos.
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