Además de intentar defender su actuación como administrador de Hormiconsa, Miguel Morales también apeló durante el juicio a los puestos de trabajo que da esta empresa, y en particular en las naves y en la machacadora. Incluso, aseguró que con él se vulneró "el principio de igualdad", asegurando que en la misma zona se hicieron obras que no se denunciaron. Algo que fue desmentido también por los técnicos que declararon durante el juicio.
Durante su declaración, el empresario se presentó como una víctima de una causa que, según él, se originó por motivos "políticos". "Aunque no iban por mí, he sido el perjudicado", afirmó el empresario durante la vista oral, en referencia a la denuncia que presentó en su día Alternativa Ciudadana contra la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y la entonces concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera.
En la misma línea, Miguel Morales también llegó a quejarse durante el juicio de que, debido a este procedimiento, el Gobierno de Canarias le ha negado subvenciones.
Durante el tenso interrogatorio, y a preguntas sobre su situación económica, dado que en función de eso se calcula la multa que se solicita al acusado, Miguel Morales respondió que gana "un sueldo normal", cifrándolo en "unos 4.000 euros mensuales". Una afirmación que fue tildada de "inmoral" por la Fiscalía, que llegó a preguntar si "a sus trabajadores también les dice que 4.000 euros mensuales es un sueldo normal".
Tras la respuesta, el fiscal le preguntó por los beneficios que obtiene de sus empresas, a lo que Morales respondió que no los cuenta como ingresos, porque los destina a nuevas inversiones.
