Critica que el Ejecutivo no se haya reunido con las instituciones insulares

Ástrid Pérez exige al Gobierno de Canarias que coordine con los cabildos la promoción turística del Archipiélago

La consejera de Turismo y vicepresidenta primera del Cabildo de Lanzarote, Ástrid Pérez, ha manifestado su malestar ante "la falta de información y nula participación" que el Gobierno de Canarias está dando ...

28 de diciembre de 2011 (17:03 CET)
Ástrid Pérez exige al Gobierno de Canarias que coordine con los cabildos la promoción turística del Archipiélago
Ástrid Pérez exige al Gobierno de Canarias que coordine con los cabildos la promoción turística del Archipiélago

La consejera de Turismo y vicepresidenta primera del Cabildo de Lanzarote, Ástrid Pérez, ha manifestado su malestar ante "la falta de información y nula participación" que el Gobierno de Canarias está dando a los Cabildos insulares a la hora de elaborar la estrategia de promoción turística de Canarias de cara al ejercicio de 2012.

En este sentido, Ástrid Pérez ha censurado el hecho de que, a menos de tres días de que acabe el año y seis meses después de la constitución del Ejecutivo, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias aún no haya mantenido sesiones de trabajo con sus homólogos insulares para planificar y consensuar la promoción turística del Archipiélago.

"A día de hoy, el Cabildo de Lanzarote desconoce por completo la política promocional y las líneas de actuación que se tiene previsto desarrollar el Gobierno regional para la mejora de nuestra competitividad como destino turístico", ha lamentado.

Según ha informado el Cabildo a través de un comunicado, el propio Gobierno reconocía este miércoles en Comisión Parlamentaria que se está trabajando en la revisión del pacto por la calidad y competitividad, también llamado pacto de Fuerteventura, si bien en dichas conversaciones participan sólo las patronales y se deja fuera a los Cabildos insulares.

La consejera del Cabildo, Ástrid Pérez, afirma que esta falta de coordinación entre instituciones está impidiendo "un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, en un momento económico en el que, precisamente, la optimización de dichos recursos debe ser una máxima irrenunciable para las administraciones públicas".

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