"La postura institucional de la Corporación desde el año 2000 es recurrir todas las licencias turísticas otorgadas por ayuntamientos en los casos en los que se violen las determinaciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)". Así ha respondido la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, al anuncio de los promotores del Plan Parcial Playa Blanca, que han anunciado la interposición de 300 demandas contra licenciasurbanísticas en Lanzarote.
Con su anuncio, los empresarios pretenden evidenciar que la Corporación no ha mantenido la misma actitud para velar por la legalidad de las licencias otorgadas por los ayuntamientos. Sin embargo, Armas recuerda que "la primera Corporación nunca ha impugnado plazas residenciales en zonas turísticas, salvo en los casos en los que se pretendió ejecutar camas residenciales sin la cobertura de un plan parcial o en contra del uso turístico establecido por el planeamiento municipal, casos de Costa Roja y [Plan Parcial Playa Blanca->23033]".
Con respecto a este último, el proyecto de urbanización fue impugnado por el Cabildo en 2004, por considerar el plan extinguido en aplicación de las leyes 6/2001 de Medidas Urgentes y de Directrices (2003). Por esta razón también se han recurrido las licencias otorgadas dentro de dicho Plan.
Contra el Plan Parcial Playa Blanca pesan a día de hoy tres sentencias contrarias a sus tesis. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias del Gobierno de Canarias, anuló en febrero de 2008 la aprobación de los estatutos de la Junta de Compensación del Plan.
Meses después, en julio de 2008, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas admitió el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique y anuló el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca.
Finalmente, en noviembre de 2008, el alto Tribunal canario consideró válida la suspensión de licencias en ese plan dictada por el Cabildo de Lanzarote en el año 2006, con motivo de la tramitación del Plan Territorial Especial Turístico.
La presidenta ha asegurado que el Cabildo "se mantendrá firme en su defensa de la legalidad urbanística y para preservar el cumplimiento del Plan Insular", pero también ha recordado que "el control de la legalidad ordinaria de los actos y acuerdos de los ayuntamientos corresponde al Gobierno de Canarias".
Asimismo, aclara que "el Cabildo no tiene nada que objetar a que se interpongan pleitos en favor de la legalidad territorial, objetivo que nos hemos marcado como admnistración de Lanzarote desde el año 2000".
