ACN
El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, situó este martes la inmigración, tanto regular como irregular, y la presión demográfica que acarrea al territorio de las Islas, como su principal preocupación, que tildó como un asunto "real y muy grave", así como la "escasez de competencias y recursos propios para atender su vertiente más dramática". El segundo de los "problemas y obstáculos" con los que ha topado el "esfuerzo" del Gobierno, y "no menos grave", es "esa supuesta epidemia de corrupción generalizada que pareciera afectar a la inmensa mayoría de clase política, de los empleados públicos, así como de empresas y profesionales que se relacionan con los poderes públicos", que calificó como un "fenómeno que ya compite en teatralidad escénica con los culebrones televisivos".
Sobre "los casos de presunta corrupción", a los que aludió para abrir y cerrar su discurso, dijo que "están en la agenda de este presidente, pero no en la primera hoja", aunque se reconoció "perfectamente consciente" de que sí "forman parte de la agenda política de Canarias" e incluyó a "toda la clase política" y a "más de 140.000 trabajadores de todas las administraciones públicas canarias" entre los comprometidos por la "sospecha generalizada" que supone, lo que rechazó. "No son casos ni mucho menos generalizables al conjunto de las administraciones, pero sí pueden mermar la confianza de los ciudadanos", dijo, por lo que anunció la "definición de un código de ética y buen gobierno que marque nuevas y más rigurosas pautas de comportamiento a todos los servidores públicos". Para ello, el Gobierno va a "trabajar codo con codo con todas las administraciones canarias y las fuerzas políticas", llegando "más allá de las grandes normas que regulan el sector público en todo el país" con el objetivo de preservar el interés público
Incidió en la necesidad de conocer la verdad y exigir responsabilidades "a fondo y rápidamente", pero respetando "principios elementales de nuestro sistema democrático como son la presunción de inocencia y el derecho al honor y a la propia imagen". Alertó sobre el peligro de que estas "legítimas aspiraciones puedan verse encharcadas y lastimadas" por la pretensión de confundir la apertura de diligencias judiciales con la vista de un juicio y la sentencia final, o de identificar como judicial un asunto que "tiene que ver con el doble control administrativo y contable a que están sometidas las administraciones canarias". En este segundo caso, con el que se refería sin duda al llamado Caso Amorós, que le afecta directamente por sus anteriores responsabilidades como consejero de Economía y Hacienda, criticó que "las dilaciones son tan largas como para que haya asuntos que estén eternamente bajo sospecha".
La actitud del Gobierno ante este escenario, "ha sido siempre prudente, firme y transparente", dijo, asegurando que "cada que vez que ha encontrado un indicio de cualquier tipo de infracción penal lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía", camino por el que se comprometió a seguir, "sin aspavientos, sin alharacas, sin ni siquiera publicidad, hasta que las investigaciones den sus resultados, para que no se produzcan juicios paralelos". Garantizó, además, que "todos los departamentos siguen trabajando sin interrupción, a toda máquina", a pesar de las circunstancias.
PREVENIR LA XENOFOBIA
Con respecto a la sobrepoblación -Canarias crece en 50.000 habitantes al año desde 2000, dijo- abogó claramente por "arbitrar algún tipo de medidas que ordenen y regulen los flujos de población hacia Canarias", tanto la legal como la ilegal, como única vía de "prevenir brotes de xenofobia en el futuro como los que comienzan a apuntarse". Además, reiteró que "la capacidad de carga de nuestro suelo está llegando a la saturación", por lo que manejan esta necesidad "desde que fuimos conscientes de este fenómeno".
También apuesta por ser "mucho más contundente en la lucha contra la inmigración clandestina, la que trafica con seres humanos, la que pone en peligro sus vidas, la que hace del hambre, la guerra o los sueños un negocio", punto en el que volvió a quejarse de que el Estado sigue reservándose las competencias exclusivas en el control de esta materia. "Canarias no puede hacer más que prestar atención sanitaria y humanitaria y ofrecer la máxima colaboración entre administraciones, como de hecho estamos haciendo", declaró, añadiendo que "cualquiera que se plantee con un mínimo de responsabilidad el futuro de un territorio pequeño como el nuestro, no puede permanecer de brazos cruzados, esperando a que la situación se haga insostenible y derive en crisis, enfrentamientos y estallidos como los ocurridos en diferentes puntos de Europa".
La preocupación del Ejecutivo regional por este asunto hace que adopte una postura "vigilante, firme y tenaz", anunció, no sin reconocer que "aún con todo, durante el pasado año pudimos avanzar en esta materia", recordando la firma en junio del Plan Conjunto con el Estado. Gracias a este convenio, explicó, se han incrementado de 2 a 11 millones de euros los recursos que se destinan a la integración de los inmigrantes, y "sobre todo, se recogen todas las medidas de forma detallada que ayudarán a reconducir el problema a corto, medio y largo plazo".
También apuntó que los próximos días 4 y 24 de abril se celebrará, en convocatoria urgente, una reunión de la Comisión Bilateral para tratar la situación de los flujos de inmigrantes en cayucos desde Mauritania.
