Minutos antes de su participación en el acto institucional por el Día Internacional del Medio Ambiente, el presidente del Gobierno Canario aseguraba que la interpretación de la sentencia "es malintencionada" y añadió que "las cifras que se están barajando no se ajustan a la realidad", porque esos 8,8 millones de euros, que según la sentencia del TSJC la Administración "infló" los gastos de recaudación del REF, según el presidente, "son en realidad 4,4 millones", y por tanto la cantidad que tiene que pagar al Cabildo de Lanzarote,según Martín "le correspondería unos 300.000 euros". Afirma que esos 4,4millones de euros deben ser repartidos entre los siete Cabildos y que a Lanzarote le correspondería por tanto la séptima parte.
Adán Martín explicó además que va a reunirse con todos los Cabildos, porque "este es un problema global, no sólo de Lanzarote" y quiere buscar el consenso. "Nos vamos a sentar con todos ellos", ha afirmado, pero dejando claro que el Gobierno de Canarias va a recurrir la sentencia del TSJC "porque debemos hacerlo, igual que el Cabildo de Lanzarote recurrió en su momento". Y es que el presidente del Gobierno de Canarias afirma ahora que es un procedimiento necesario "al margen de los acuerdos políticos".
El presidente del Gobierno ha recordado que gracias a la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales de Canarias, qué promovió en 2003 cuando era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, los Cabildos obtienen "muchos más beneficios" porque asegura que "hemos incrementado en más de 120 millones de euros el dinero que reciben las Corporaciones Insulares".
Martín asegura que luchó por esa ley para acabar con los desórdenes tributarios y le ha dicho a los lanzaroteños que "se queden tranquilos porque la recaudación del REF desde 2003 le va a dar mucho dinero". "Ese año, el Cabildo de Lanzarote pasó de recaudar 28 millones de euros a 40 millones, 12 millones más que el año anterior", especificaba Adán Martín mostrando listados de cifras de su Gobierno.
Se ha defendido de las acusaciones de incrementar los costes de gestión del REF desorbitadamente, tal y como explicaba la sentencia diciendo que "si no sumas los costes de gestión, te pueden decir que porqué no haces mejoras en la tarea de recaudar y organizar" el área tributaria y considera que "no se puede simplificar un problema complejo que afecta a todos los Cabildos". "El Gobierno defiende los intereses de todos los Cabildos y este es un problema global de 87 Ayuntamientos, 7 Cabildos y un Gobierno", concluyó Adán Martín.
