La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, Aculanza, ha denunciado que en los últimos 12 meses se ha procedido "en dos ocasiones" a un "aumento brutal" de la tarifas de agua en la isla por parte del Consorcio del Agua. En este sentido, ha criticado al presidente, Pedro San Ginés, por asegurar que el incremento "no sobrepasaría el 10 por ciento" cuando, según esta asociación, "en ciertos casos la subida puede llegar al 40 por ciento", con respecto a la tarifa anterior.
Además, Aculanza considera que estas subidas de la tarifa del agua "no solamente son improcedentes, sino que además son arbitrarias y nulas de pleno derecho". En este sentido, ha señalado que no puede ser el Consorcio del Agua de Lanzarote, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla, el que fije las tarifas del agua, porque "no es competente" para ello.
Desde Aculanza defienden que la competencia para aplicar este incremento la tiene el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, cuyo estatuto orgánico fue aprobado por un decreto del Gobierno de Canarias el 11 de julio de 1997. Este órgano está conformado por el presidente del Cabildo y 34 consejeros.
En los estatutos del Consejo, en el artículo 4, se establece que este órgano tiene la función de "fijar los precios del agua y su transporte". Por el contrario, los estatutos del Consorcio del Agua de Lanzarote, aprobados en 1976, en su artículo 8 definen que este órgano "estudiará, tramitará y propondrá a la aprobación del órgano competente las tarifas y tasas del agua".
Aculanza ha querido dejar claro que el Consorcio propone esta subida, pero es el Consejo Insular de Aguas el que tiene competencia para fijarla. El colectivo ha mencionado la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 1992, que establece que "los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho" cuando sean "dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio".
Por todo ello, Aculanza cree que las subidas de las tarifas de agua son "nulas de pleno derecho", al haber sido aprobadas por el Consorcio y no por el Consejo Insular de Aguas.
