Aculanza ha asegurado que tan sólo aceptará una subida de la tarifa del agua de un 3 por ciento, ya que un porcentaje mayor lo consideraría "abusivo". La asociación de consumidores de Lanzarote no se explica cómo los administradores concursales se han "atrevido" a proponer un incremento de un 40 por ciento en la factura de un "bien básico como es el abastecimiento del agua".
Asimismo, ha criticado que el Cabildo haya anunciado "como un gran logro" que sólo aceptará una subida de entre el 5 y 10 por ciento en el agua y ha insistido en que este pronunciamiento de la primera institución parece fruto de "un acuerdo previo" con los administradores concursales.
Aculanza sigue sin entender cómo una empresa pública puede estar administrada judicialmente y no se explica por qué Inalsa entró en concurso de acreedores y no así los Centros Turísticos o algún ayuntamiento "que se puede tener en mente". En este sentido, ha denunciado la "muy mala administración" que ha tenido Inalsa en los últimos años y, por ello, ha vuelto a exigir responsabilidades patrimoniales a los "auténticos responsables" de esta situación.
Ley Comercial
Aculanza también ha asegurado a través de este comunicado que el Gobierno de Canarias actual "está y seguirá estando a favor de un oligopolio comercial en Lanzarote", teniendo en cuenta que la Ley de Licencia Comercial es "restrictiva" en la isla en comparación con Gran Canario o Tenerife. "Niega oportunidades de progreso y de auténtica competencia", ha denunciado el colectivo.
En este sentido, ha asegurado que desde hace tres años, es decir, desde que nació la asociación de consumidores y usuarios de Lanzarote, el colectivo ha denunciado a las autoridades canarias, al Gobierno y a los parlamentarios. Así, Aculanza ha asegurado que para instalarse en Lanzarote, las empresas han tenido "todo tipo de obstáculos". "Incluso han tenido que superar 8 años de litigios para poder disponer de una superficie de apenas 1.000 metros cuadrados para su nueva oferta", ha insistido.
Por ello, el colectivo simplemente ha pedido tener "los mismos privilegios que tienen los residentes en otras islas, como Tenerife y Gran Canaria, donde sí disponen de una auténtica libertad comercial, además de mercados de abasto donde impera una competencia dura y real".
