Alternativa Ciudadana ha presentado varias alegaciones al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Yaiza. Fundamentalmente, critica los convenios para el Plan Parcial Playa Blanca, Puerto Calero 2, Costa Roja y el campo de golf de Playa Blanca.
El consejero del Cabildo Ginés de Quintana considera que estos convenios "no responden a intereses públicos y generales de carácter objetivo, sino que tratan de satisfacer los intereses particulares de los propietarios de las parcelas". "En el texto de los convenios se aprecia una sobreactuación motivadora para tratar de justificar lo beneficioso que van a resultar para toda la sociedad", afirma el consejero.
En cuanto al Plan Parcial Playa Blanca, Ginés de Quintana recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró en 2009 la extinción del plan y anuló el proyecto de urbanización. Por ello, no se explica cómo el planeamiento actual "da cobertura no sólo a lo ya construido, sino al resto del plan que todavía no se ha desarrollado". "Parece un claro desafío a las sentencias firmes de los tribunales", señala el consejero. De Quintana indica que la clasificación de este suelo "incumple el PIOL de 1991, que clasifica la pieza de suelo como suelo rústico residual" y también el artículo 12 de la Ley 6/2009, de medidas urgentes, que "impide clasificar nuevo suelo con destino turístico".
El consejero señala que "este renacimiento" del plan se visibiliza por medio de un convenio urbanístico en el que "figura el Cabildo, aunque sin firmarlo". "Esto significa que el Pleno del Cabildo tendrá que conocer este convenio y aprobarlo. Se nos escapa qué argumento legal puede dar el Cabildo para suscribir este convenio, si es que finalmente lo hace, cuando la Justicia ha declarado extinguido el plan y el PIOL´91 lo clasifica como suelo rústico residual", insiste el consejero en sus alegaciones.
De Quintana también ha presentado otra alegación al plan por la ordenación de Puerto Calero 2, ya que recuerda que entre esta urbanización y Cortijo Viejo se construyeron edificaciones "ilegalmente" y "el premio no puede ser que se legalice lo indebidamente construido" a través de este planeamiento. Además, se permiten "nuevos desarrollos residenciales hasta alcanzar la cifra de unas 60 viviendas". Por ello, el consejero del Cabildo considera que la decisión del Plan General de Yaiza "parece responder más al interés de los propietarios de este suelo y a quienes han construido sin observar las normas legales, que a intereses objetivos, generales y públicos".
Equipamientos en Costa Roja
Con respecto a Costa Roja, el consejero recuerda que el Plan General lo clasifica como "suelo urbanizable a desarrollar". "En la clasificación de este suelo se adivina un cierto interés por dar una salida a los propietarios de este suelo que vieron como los tribunales suspendieron cautelarmente las licencias concedidas en 2006 por el alcalde de Yaiza en un suelo sin ordenación pormenorizada para construir, además de garajes y locales comerciales, nada menos que 1.012 viviendas", recuerda el consejero, que insiste en que en esta parcela está el origen de la Operación "Unión", causa penal en la que se investigan presuntas tramas de corrupción.
El consejero de Alternativa Ciudadana también ha presentado alegaciones ante la "previsión de un equipamiento deportivo de golf" al norte de Costa de Papagayo, en un suelo que el Plan General clasifica como "rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, que no tiene amparo legal en el PIOL´91, que clasifica la zona como suelo rústico residual". "El Plan Insular en trámite de Revisión por el Cabildo Insular es el que tiene que establecer las condiciones de implantación de este tipo de equipamientos caracterizados por su gran consumo de suelo", afirma.
Techo de crecimiento turístico
Alternativa Ciudadana también cree que no se cumple con el techo de crecimiento turístico en este nuevo planeamiento. Y es que asegura que el número de plazas residenciales en los ámbitos turísticos "supera en 21.178 el límite mínimo de 13.798". "La superación de este parámetro deviene en incumplimiento del PIOL de 1991, cuando ese exceso de residencial se hace en detrimento de la edificabilidad mínima que habría de destinarse a servicios y dotaciones comercializables", insiste.
Alternativa Ciudadana también se muestra en contra de que los hoteles con cuatro o más estrellas puedan incrementar su edificabilidad en un 50 por ciento, siempre que ese aumento sea destinado a zonas comunes. "Su finalidad real es servir de paraguas legal a los establecimientos turísticos que, construidos y abiertos al público, carecen de licencia urbanística municipal legitimadora de su existencia, por decisión de los tribunales tras los recursos interpuestos en su día por el Cabildo y la Fundación César Manrique".
"Nos oponemos rotundamente a que la Disposición Adicional Quinta sea aplicable a los establecimientos turísticos hoteleros que carecen de licencia urbanística por decisión judicial. Entendemos por todo lo expuesto que el Plan General debería excluir a los establecimientos sin cobertura legal de la posibilidad de aplicar" esta medida", según el consejero.
Zonas verdes y alturas
Ginés de Quintana también recuerda que la situación de algunas zonas verdes fue descrita por el redactor del Plan General, Jorge Coderch, como de "surrealismo urbanístico digno de estudio por el Tribunal Supremo". Se refería al centro deportivo y recreativo instalado junto al hotel Princesa Yaiza, es decir, el Kikoland, "que ha terminado en manos privadas tras ser subastado por la Seguridad Social a causa de una deuda del Ayuntamiento de Yaiza".
"El Plan General no puede contribuir con su ordenación a que se perpetúen ilegalidades dándole a la parcela que alberga la instalación deportiva y recreativa mencionada el uso de equipamiento deportivo. Sólo cabe una opción: mantener el uso de zona verde de que goza en la actualidad, pese a su antijurídica ocupación privada", propone Alternativa Ciudadana, que también asegura que se debe suprimir la referencia que hace el Plan General a que "no computan como plantas las construcciones bajo rasante".
"Su finalidad no parece otra que evitar contabilizar como plantas las que ilegalmente ejecutaron determinados establecimientos turísticos que han de legalizar su situación como consecuencia de la anulación judicial de su licencia", advierte el consejero Ginés de Quintana.
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