Opinión

Pasividad colectiva

Los sindicatos se echaron a la calle el miércoles, en una manifestación que recorrió las calles de Arrecife. En su marcha, pasaron a solo unos metros de donde una semana antes, perdieron la vida Felipe Pérez Carral y Víctor ...


Los sindicatos se echaron a la calle el miércoles, en una manifestación que recorrió las calles de Arrecife. En su marcha, pasaron a solo unos metros de donde una semana antes, perdieron la vida Felipe Pérez Carral y Víctor ...

Los sindicatos se echaron a la calle el miércoles, en una manifestación que recorrió las calles de Arrecife. En su marcha, pasaron a solo unos metros de donde una semana antes, perdieron la vida Felipe Pérez Carral y Víctor Manuel Angulo, al desplomarse la grúa en la que estaban trabajando. Sin embargo, ni las pancartas, ni los silbatos, ni las consignas eran por ellos.

Ante este trágico accidente laboral, los sindicatos se han limitado a enviar notas de prensa de condolencias, algunas incluso llegadas con días de retraso, como la de Comisiones Obreras, que además anunció que se personará en el procedimiento judicial abierto por este caso.

Pero al margen de eso, nada. Ni una manifestación pidiendo más inspecciones laborales para exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad, ni una concentración en solidaridad con los trabajadores y sus familias? Ni siquiera un mísero minuto de silencio.

Y en este caso, los representantes políticos e institucionales de la isla tampoco derrocharon gestos, más allá de las consabidas notas de prensa. Nadie se dejó ver por el funeral de Víctor Manuel, que fue enterrado en la isla (Felipe recibió sepultura en su Galicia natal).

Sin embargo, nueve días después, los sindicatos sí salían a la calle, pero no por este tema. Y tampoco por los miles de parados de la isla, ni por la precariedad del empleo en muchas empresas, ni por la falta de respuesta política y social desde las administraciones responsables. Una vez más, era por los funcionarios. Por los trabajadores públicos que no saben de despidos.

Entre las consignas, eso sí, está la de los profesores interinos y sustitutos, los que no tienen plaza fija, y critican los cambios relativos a las listas de reservas. Unos cambios que suponen que ahora, primará la nota de la oposición, frente a la antigüedad. Es decir, que nuevos licenciados que hayan sacado una buena nota en la oposición podrán acceder a puestos que hasta ahora les estaban vetados, porque correspondían a trabajadores que llevaban años ejerciendo de sustitutos, pero sin haber conseguido una plaza fija.

Además, también se quejaban de los recortes presupuestarios del Gobierno de Canarias. Unos recortes que, en el caso de la Consejería de Educación, se centran fundamentalmente en la partida destinada a cubrir las bajas de los profesores, y para la que se han previsto 7 millones de euros, frente a los 34 millones de euros que se destinaron en las cuentas de 2009. Y a juzgar por tamaño volumen de bajas médicas, parece que los educadores y la salud, sólo van de la mano en las reivindicaciones.

Sin duda, nadie les quita su derecho a reclamar unas mejores condiciones laborales, siempre que con ello no perjudiquen al resto de la sociedad. Pero a quienes sí se puede exigir es a los sindicatos que se acuerden, aunque sea de vez en cuando, de que hay trabajadores fuera del sector público. Y algunos, incluso pierden la vida en su primer día de trabajo, como Víctor, después de haber pasado mucho tiempo en paro y luchando por conseguir un empleo.

Y además, también se les puede exigir que llamen a las cosas por su nombre. Y que no mezclen reivindicaciones laborales de un colectivo, con la supuesta defensa del interés general. Porque si lo que se estuviera cuestionando en esas manifestaciones de verdad fuera la calidad de la sanidad o la educación, no deberían estar convocados los trabajadores y los sindicalistas, sino todos los ciudadanos que se sintieran afectados.

El problema es que a diferencia de lo que sucede en otras zonas, donde los ciudadanos se echan a la calle incluso para mostrar su indignación ante escándalos de corrupción como los que se han destapado en esta isla, a la sociedad lanzaroteña le sigue costando movilizarse. Y los colectivos sociales que una vez tuvieron fuerza en Lanzarote, se acabaron autodestruyendo al entrar en contacto con la política.