Tiene razón Pedro de Armas cuando dice que en los últimos días se han contado muchas mentiras sobre la causa penal que le investiga por presunto blanqueo de capitales. De hecho, las mayores las ha contado él mismo, con alguna ayuda externa. Sin embargo, de lo publicado por La Voz de Lanzarote, que fue quien destapó la noticia sobre esta investigación, no ha podido desmentir ni una sola coma.
Obviamente, como investigado, Pedro de Armas está en su derecho de cuestionar las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, del Ministerio Fiscal y hasta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Lo raro sería lo contrario. ¿Se imaginan a un investigado o imputado diciendo: "Sí, sí, me lo he llevado crudo"?
Pero una cosa es su derecho a defenderse y otra el mínimo respeto que merecen la verdad y los hechos objetivos. Y ver cómo tergiversa todo un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, manipulando su contenido, debería ponerle los pelos de punta a cualquier ciudadano que mínimamente conozca lo sucedido.
Y lo sucedido es que la Audiencia ha ordenado seguir investigando, porque ve indicios para ello. Pero parece que el señor De Armas y los suyos, sólo se han leído un párrafo de ese auto de siete folios. En ese párrafo, lo que se hace es reproducir una conclusión que no es de la Audiencia, como el afectado ha pretendido hacer ver, sino del actual juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra De Armas.
Obviamente, aunque esa decisión ha sido ya anulada por la Audiencia Provincial, es lógico que Pedro de Armas se aferre ahora a ese auto del juez instructor. Cualquier investigado lo haría, y se frotaría las manos al ver que el juez incluye varias frases cuestionando la causa que se sigue en su propio Juzgado, llegando a tacharla de "inquisitorial", "generalista", "proscrita por la Constitución" y "abierta por pertenecer al mismo partido político que José Francisco Reyes".
¿Si usted fuera la infanta Cristina, por poner un ejemplo, con qué se quedaría: con el auto de imputación del juez Castro, o con el recurso del fiscal Horrach defendiendo su inocencia? Pues en este caso, donde también se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, se ha vivido una discrepancia muy similar, también con duras respuestas cruzadas en los escritos de juez y Fiscalía. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Aquí es la Fiscalía quien considera que hay indicios más que suficientes de criminalidad para seguir investigando, y además ha encontrado respaldo de la Audiencia Provincial, que considera exactamente lo mismo.
En este caso, quien opina lo contrario es un juez que ni siquiera ha instruido esta causa desde su inicio. De hecho, llegó al Juzgado a finales de junio de 2013, cuando la investigación ya llevaba un año y medio abierta, respaldada y avalada con sus correspondientes autos por las otras dos jueces que habían pasado por ese Juzgado durante ese tiempo. Poco más de un mes después de llegar y encontrarse con esa causa abierta, el nuevo juez dio siete días a la Policía para que le enviara un informe de lo investigado hasta el momento, y a los cuatro días de recibirlo archivó la causa.
Así que, por más respetable que sea, es el criterio de un juez que acababa de llegar al Juzgado (tras pasar varios años fuera de la judicatura, ejerciendo como abogado), frente al de las dos jueces que le antecedieron en el cargo, al de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, al del Ministerio Fiscal y al de la Audiencia Provincial.
De hecho, esta última llega a plantear que antes de tomar la decisión de sobreseer las actuaciones, el juez ni siquiera "examinó" ni incorporó a la causa documentación que se había ido recabando durante la instrucción. Y también muestra su "sorpresa" porque el juez realice esas afirmaciones y después acuerde el sobreseimiento "provisional", que de por sí implica que "los indicios" que dieron lugar a la apertura de una causa penal "siguen existiendo".
Además, subraya que la investigación "no está ni mucho menos agotada", y que faltan aún muchos datos. Unos datos que no pasan sólo por la comisión rogatoria remitida a Argentina, como ha ido diciendo Pedro de Armas, sino en varios más, incluyendo el análisis detallado de las 66 cuentas corrientes que se han detectado en la investigación de su patrimonio.
Y todo esto, lógicamente, lo pasa por alto Pedro de Armas. Y no llama la atención que lo haga. Lo que sorprende es que ofenda a la inteligencia de los ciudadanos, insistiendo en el manido discurso de que es víctima de una persecución política y planetaria, como si una Unidad especializada de la Policía Nacional, el Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial de Las Palmas se dedicaran a "perseguir" a concejales (en su caso, por cierto, de un partido con un solo edil y en la oposición, en un ayuntamiento de poco más de 55.000 habitantes).
Al parecer, para De Armas el problema no es que esté siendo investigado por la policía y por la Justicia, sino que los ciudadanos se hayan enterado. Como si lo normal fuera que los medios no informaran de estas cosas (o al menos no cuando le pasan a él).
Sin embargo, independientemente de cómo termine esta causa penal, y de que Pedro de Armas sea o no condenado por estos hechos, lo concreto es que la investigación ya ha puesto sobre la mesa muchísimos datos que es bueno que la sociedad conozca.
Aquí ni siquiera estamos hablando de que a alguien se le ha acusado de asesinato y luego puede resultar inocente, con el lógico daño que eso puede suponer al afectado. Estamos hablando de unos hechos objetivos (que hacen sospechar a los ciudadanos y hacen sospechar a la policía y a la Justicia), independientemente de que se termine determinando o probando si son delictivos o no.
Estamos hablando de alguien que ha amasado una fortuna durante años, hasta el punto de ganar 800.000 euros en un solo día, en una sola mañana y sin salir de la notaría (algo que, por cierto, ni él mismo ha desmentido), dedicándose a comprar y vender terrenos (es decir, a la especulación urbanística) mientras ocupaba cargos vinculados al urbanismo y mientras tenía una relación política, personal y de negocios con el ex alcalde de Yaiza, que concedió licencias donde antes las denegaba, después de que apareciera el nombre de Pedro de Armas en esa operación. Y de que esas licencias que le concedió, y que lógicamente cambian el valor de un suelo, eran además ilegales.
Por eso, al margen de lo que termine pasando en los Juzgados, esa información por sí sola ya es extremadamente relevante (de hecho, sólo por desvelarla, el trabajo que han realizado la Udef, el fiscal y las dos anteriores juezas ya merece un reconocimiento). Así lo han entendido muchísimos medios de comunicación fuera de la isla, tanto regionales como nacionales, que se han hecho eco de estos datos. Y por supuesto, así lo entiende la mayoría de los ciudadanos, que, con suerte, si son mileuristas, necesitarían unos 20.000 días de trabajo honrado (es decir, más de 60 años) para ganar 800.000 euros.
Esos ciudadanos, al margen de lo que suceda mañana con esta causa en los tribunales, tienen derecho a emitir su propio juicio y a saber qué hacen y a qué se dedican sus representantes públicos. Porque una cosa es el sistema judicial, en el que la lógica no basta para dictar sentencias, y otra la conciencia de una sociedad que debe tener su propio listón de exigencia. Una sociedad a la que algunos intentan transmitirle que mientras uno no tenga al menos dos o tres condenas por una decena de delitos, aquí no pasa nada, como si la moral, la ética y la decencia no contaran.
