"Lamento mucho que esté pasando esto. Es que es bochornoso, la verdad, bochornoso". Con estas palabras pidió por segunda vez que se desalojara la sala la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, durante la segunda y última jornada del juicio del caso Yate. El motivo de su sorpresa y de su bochorno era la imposibilidad de establecer comunicación con los Juzgados de Arrecife para que declararan por videoconferencia tres peritos. "El problema es allí", explicó tras realizar varios intentos infructuosos la funcionaria de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, donde se estaba celebrando la vista.
Esta "anécdota", que causó estupor en la sala de la Audiencia y en los periodistas de la capital grancanaria que cubrían el juicio, es el pan nuestro de cada día en los Juzgados de Arrecife. Y también el último ejemplo gráfico de las dificultades con las que se ha tenido que afrontar la instrucción de esta causa. Otro, incluso más relevante por las consecuencias que ha tenido, fue la ausencia de un escáner en el Juzgado de Instrucción. Con ella se justificó que el caso estuviera paralizado durante dos años, cuando ya estaba listo para ir a juicio, y ha supuesto rebajar aún más las penas que se impondrán finalmente a los delincuentes confesos, al aplicar también como atenuante las "dilaciones indebidas" (además de la supuesta "colaboración con la Justicia").
Con esos mimbres, con unas lamentables carencias de medios materiales y también de medios humanos, han tenido que lidiar los jueces y fiscales que de verdad se han esforzado por instruir las principales causas de corrupción en Lanzarote. Y también con las lagunas que dejaron sus antecesores, que no investigaron a tiempo, cuando corrían ríos de maletines en el sur (y en otras partes de la isla).
Un ejemplo sangrante lo constituye el puerto deportivo Marina Rubicón, que fue denunciado en su día, y que tuvo abiertas diligencias penales que quedaron en nada, al pedir la propia Fiscalía que se archivaran en el año 2001. Y la misma suerte corrió otra causa penal cerrada en falso en 2004. Ahora, gracias al trabajo de los que llegaron después, cuando a partir del año 2006 de verdad se empezó a investigar, se ha podido confirmar que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, entregó esa licencia a cambio de sobornos, según ha confesado él mismo. Y también que el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, era plenamente consciente de su ilegalidad cuando emitió un informe favorable. Y lo mismo ocurre con el Plan Parcial Playa Blanca y con los 19 hoteles y complejos de apartamentos que se construyeron ilegalmente.
Desgraciadamente, el caso Yate deja una sensación agridulce, ya que es evidente que no van a pagar todos los culpables –se condenará al sobornado, pero no al que sobornó- y también que las penas no reparan el daño causado, especialmente las económicas. Pero pese a todo, la resolución final de este juicio supone un paso de gigante con respecto a la situación que se ha vivido en las dos últimas décadas. Y las dificultades, los obstáculos, la falta de medios y las anteriores etapas oscuras en los Juzgados, hacen aún más meritorio el trabajo de todos los que sí han contribuido a que se haga, al menos en parte, Justicia.
Porque las "lagunas" que han podido quedar en esta causa, son achacables sobre todo a lo que no se hizo en su momento, y a la dificultad de determinar una década después quién, cuándo y por qué licencia se entregó cada soborno a José Francisco Reyes. Y es que la corrupción fue tan descomunal, el volumen de ilegalidades fue tan disparatado, que ha acabado jugando a su favor, por la imposibilidad de aclarar todos los extremos necesarios para lograr una condena a todos los implicados. Extremos, entre otros, como el cuándo, que es el que podría suponer que muchos delitos hubieran prescrito ya. Y a esto se suma el Código Penal, que si hoy sigue siendo extremadamente blando con los casos de corrupción, el que estaba vigente entonces (que es el que se tiene que aplicar) lo era aún más. Y eso ha complicado tipificar lo que hoy serían delitos de libro.
Por eso, más allá de las lecturas que cada uno pueda hacer del resultado de una investigación tardía y compleja, no se puede perder de vista lo que se ha conseguido: que el hombre que retaba a toda la isla con un "que me lleven a Anticorrupción, que lo hagan", y que aseguraba que lo que había era una "persecución" contra él y contra el "progreso" de Playa Blanca, ahora haya confesado que concedió licencias "como churros" - tal como lo definió el fiscal durante el juicio- a cambio de sobornos.
Lo peor del caso, lo que ha hecho aún más complicado este camino para los que llevan años luchando por la legalidad, es que Reyes no fue el único que se dedicó a decir disparates. Lo han hecho determinados políticos, los propios empresarios implicados y varios medios de comunicación, en una campaña en la que pretendían dibujar como los "malos" a los que intentaban destapar la verdad de lo que estaba ocurriendo. Y con esa campaña de ataques han tenido que vivir durante años los jueces, fiscales, denunciantes, funcionarios, técnicos, abogados de la acusación y hasta ciudadanos que se atrevieron a plantar cara a la corrupción.
Incluso, los medios de comunicación de Juan Francisco Rosa siguen teniendo a día de hoy la desvergüenza de llamar "mafia verde" a cualquiera que critique, cuestione o denuncie ese urbanismo salvaje de sobornos y talonario. Y por más patético y hasta cómico que resulte ahora ver cómo siguen chapoteando, quizá alguien debería explicarle al señor Rosa, y a sus escribanos y predicadores, que "mafia" es pagar sobornos a un político para que te permita saltarte la ley. Para que te otorgue licencias ilegales y para que, además, mire para otro lado cuando encima construyes dos, tres y hasta diez veces más de lo que permite esa licencia ilegal. Mafia es crear un entramado de sociedades para ocultar el dinero negro. Mafia es orquestar una campaña contra quienes han dado la cara para defender la ley y la igualdad de todos los ciudadanos ante ella.
Y verdes -puestos a explicarle cosas al magnánimo empresario que hizo un imperio con licencias ilegales y subvenciones europeas-, eran las zonas que también ocupó en Playa Blanca, y que pertenecían a los vecinos del municipio. Zonas que deberían ser un pulmón de la localidad, con parques y dotaciones públicas, y que hoy están ocupadas con instalaciones privadas, como el Kikoland.
Por más que se empeñen, aquí no estamos hablando de ecologismo frente a "desarrollo". Independientemente de las convicciones de cada uno con respecto al territorio, de lo que hablamos es de que unos señores se hicieron millonarios porque se les permitió construir de forma ilegal, porque se les permitió ocupar suelo público, porque ni siquiera pagaban los impuestos correspondientes y porque encima hasta recibían subvenciones para esas construcciones ilegales.
Ahora, estaría bien que los que durante años han alimentado la "teoría del papelito" nos explicaran dónde está ese "progreso". Dónde están los empleos de calidad, dónde están los servicios públicos que debería tener esta isla, dónde están los hospitales dignos, los centros de salud, las guarderías, los colegios… Dónde está el dinero de los ayuntamientos que han sufrido décadas de corrupción, y que quedaron al borde de la quiebra. Y dónde está la supuesta riqueza que se iba a crear a costa del urbanismo salvaje de talonario. Porque basta echar un vistazo a la sociedad actual para comprobar que ricos, solo se han hecho cuatro, a costa del resto. Y eso es lo que no hay que perder de vista para entender el verdadero drama y la cruda realidad de lo que supone la corrupción en todas sus facetas.
Porque lo peor es que el caciquismo rancio de los que compraron licencias ilegales con sobornos, les lleva a seguir intentando vendernos que son los salvadores de la isla y que comemos gracias a ellos, cuando la realidad es que lo que han hecho es intentar comerse la isla. Desgraciadamente, con una parte lo han conseguido. Con el resto, en manos de la sociedad está evitar que lo sigan haciendo. Ésa es la principal lección que debería dejarnos el caso Yate.
