Cuando la derecha, ya sea la oficial, la socialdemócrata y la que se ampara en el falso nacionalismo o en el insularismo, inician los procesos de privatizaciones de los servicios públicos, o tal vez, y para no quedarme descolgado de la nueva terminología debería decir externalización de los servicios, se alude de manera rotunda a la eficacia y al ahorro en el coste de estos servicios para el erario público.
Hace justo un año cuando se presentaban las cuentas del ejercicio 2011 del Ayuntamiento de Haría, desde Alternativa Democrática hicimos público nuestro descontento con las privatizaciones que Torres Stinga estaba llevando a cabo para facilitarles, en nuestra opinión "el negociete a los afines", cosa que ya entonces no era nuevo pero que hoy es el pan nuestro de cada día, la puerta de entrada al empleo municipal y la sangría de los fondos locales.
Las empresas y autónomos, generalmente relacionadas con responsables de Coalición Canaria, que contratan de manera ilegal con el ayuntamiento, por el proceso de fraccionamiento de contrato o de facturas para un mismo servicio, son las que se llevan los cuartos de nuestros impuestos a mansalva, favoritismo que entendemos que no es gratuito. Es en este contexto de presunta corrupción donde se puede entender la política de privatizaciones y la de contrataciones del alcalde de Haría.
Veamos un ejemplo: Desde que se privatizara el servicio de recaudación de los impuestos sobre bienes inmuebles en Haría y hasta el ejercicio pasado, el ayuntamiento ha pagado a la empresa responsable la nada desdeñable cantidad de 753.117,06 euros, más de 125 millones de las antiguas pesetas, lo que supone una media mensual de 4.483,00 euros, lo que podría suponer tres empleados públicos bien pagados. Esta empresa que empezó cobrando por el servicio en 1.999 la cantidad anual de 36.848,30 euros, ya va por 96.697,78 en el pasado ejercicio. Ya quisiéramos los vecinos de este norte que nuestro poder adquisitivo subiera en esa proporción. Podríamos entender que este incremento se debe a la eficacia recaudatoria, pero se da la circunstancia que la eficacia en la recaudación en todo el periodo de recaudación privada está en torno al 75%, habiendo periodos de hasta nueve años en los que no se cobraron impuestos de bienes inmuebles de naturaleza rústica y otros periodos en los que no se llevó a cabo recaudación ejecutiva. Por cierto, habrán caído en que desde el primer momento del encargo, a dedo, a la empresa recaudadora el coste del servicio es superior 36.848,30 euros, muy por encima de los 18.000 euros a partir de los cuales la ley obliga al concurso público o negociado.
Este es sólo un ejemplo de la mas de media docena de empresas y autónomos, por todos conocidas que con los informes negativos de la intervención municipal siguen participando de esta orgia de la corruptela del alcalde de Haría, impidiendo la libre concurrencia y por tanto la eficacia en el gasto. Y es que cuando la derecha, ya sea la oficial, la socialdemócrata y la que se ampara en el falso nacionalismo o en el insularismo, inician los procesos de privatizaciones de los servicios públicos, a pesar de lo que digan en sus discursos justificativos, en el fondo y de manera rotunda disminuye la eficacia y el ahorro en el coste de estos servicios para el erario público.
José Pérez Dorta