22/Sep/2017

Lanzarote no es Madrid, ni Madrid es California

Lanzarote no es Madrid, ni Madrid es California

 

El pasado pleno ordinario del Cabildo de Lanzarote, del día 6 de marzo, el partido político Somos Lanzarote propuso una moción para que la institución cabildicia “instara al Gobierno de Canarias para que adopte una serie de mejoras de los medios y procesos de participación ciudadana”. El argumento principal pivotó en la línea de mejorar el área de Participación Ciudadana, principalmente con mecanismos similares a los llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid a través de la plataforma digital “Decide Madrid”. El consejero Tomás López, abogó por la capacidad de esta iniciativa de canalizar la participación ciudadana, así como la capacidad de decisión popular que emana de la misma.

A raíz del fenómeno asociado a la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a principios de año pusimos en marcha en la Universidad Autónoma de Madrid un grupo de trabajo para analizar, de forma pormenorizada, dicho fenómeno. En este artículo no analizaré todos los resultados, pero sí expondré una serie de consideraciones que me parecen relevantes y ayudarán a elaborar una opinión objetiva.

En primer lugar, hay que tener claro que Decide Madrid gira alrededor de un software libre, es decir, una plataforma digital donde el ciudadano, esté empadronado o no en el municipio, pude generar demandas y peticiones –calculamos que en la plataforma hay alrededor de unas 17.000 peticiones de un sinfín de cuestiones-. Aquellas peticiones que lleguen a 27.000  apoyos serán, y así nos los hizo saber el Director General de Decide Madrid, Miguel Arana, directamente pasadas a la Administración –sin filtros ni mediación política-. La pregunta que nos generó es ¿cómo se gestiona la entrada de peticiones que pueden ir en contra del interés general? En la teoría del mandato representativo, son las representantes públicos por medio de las administraciones quienes velaran por los intereses generales. Se podría decir, que si una petición tiene el respaldo de al menos 27.000 ciudadanos –cifra importante que no cuestionamos- es inexorablemente el reflejo del interés general pero, cabe debatir dicha afirmación. Como refleja Chantal Delson, “la particularidad perjudicial es la que consiste en tomar las opiniones propias como verdad única. En la ciudad, la particularidad más perjudicial es la que consiste en servir a sus propios deseos, en lugar de servir al interés general”. Lo propio nos suele parecer siempre más importante y tendemos a maximizar las exigencias sin percatarnos que la política, la res pública, se fundamenta en el deseo general. De ninguna forma hay que infravalorar las demandas particulares, es legítimo que cada persona exponga y reclame solución a consideraciones que él crea importantes, pero la democracia y la política, y mayormente la toma de decisiones, van más allá del individualismo. ¿27.000 “click” de “me gusta” es motivo suficiente para que esa demanda sea vinculante? Si tenemos en cuenta la teoría de la Psicología de las multitudes, la capacidad de razonamiento y cordura disminuye cuando somos partícipes de ideas que reúnen un gran número de seguidores. Así, cabe esperar que peticiones que en primer momento no tendrían relevancia sustancial para nosotros, comporten un espontáneo “click” de apoyo sin salvar a más consideraciones de reflexión a largo plazo, con el resultado de estar legitimando iniciativas que posteriormente se revelarán como contraproducentes al interés general.

Importante es el hecho de que el mecanismo madrileño no sólo conforma el software, sino que va ligado a una serie de oficinas por toda la ciudad. Es una especie de alternativa, puesto que cabe preguntarse ¿hasta qué punto una plataforma digital puede llegar a toda la población? La mal llamada brecha digital, concepto que en estos tiempos carece de sentido, podría ser un factor diferencial a la hora de participar y decidir por vía online. Aunque el señor Arana nos replicaba este hecho argumentando que casi el 90% de la población en España disponía de Smartphone, no está claro que sean utilizados para fines participativos. En un estudio realizado por los investigadores Lehman Schozman, Sidney Verba y E. Brady de la University of Chicago, se evidenciaba que las innovaciones diseñadas para la participación ciudadana vía electrónica no necesariamente mejoraban las desigualdades de la misma. El uso de internet no generaba nuevos ciudadanos, ni siquiera hubo una correlación entre los jóvenes, como principales usuarios, y el uso para fines políticos. Queda patente que una plataforma digital está lejos de ser el mejor mecanismo de participación, y menos el más universal y eficaz.

Si la iniciativa del grupo Somos Lanzarote -legítima y de buen ver por el contexto y la necesidad de cauces alternativos a la encorsetada burocracia weberiana- va en la línea de implementar un mecanismo similar al madrileño en la isla de Lanzarote, cabría preguntarse si la isla posee la capacidad logística para llevarla a cabo y, para mí lo más importante, si el tejido social conejero incentiva a un proceso de participación constante y costoso –no sólo en términos económicos para la Administración, sino en términos de compensación social-. El hecho de que las iniciativas aprobadas pasen por una última fase de consulta popular, hace que el coste de participación aumente. El coste de participación es el hecho de que a una persona le cueste más ir a votar que abstenerse, o de forma más didáctica, si el día de la votación las condiciones meteorológicas desfavorables suponen un coste mayor en el individuo, este tenderá a quedarse en casa. Este motivo es el que está detrás de los resultados obtenidos en Madrid. Si bien la plataforma digital tiene una afluencia de participación considerable, el refrendo último es inferior en términos comparados –un escaso 8% de la población madrileña participó en el referéndum- . Si hacemos un esfuerzo de extrapolar esa realidad a Lanzarote, y observando los índices de abstención electoral que presenta la isla para las elecciones al Cabildo en términos históricos, cabría esperar que no se llegase ni tan siquiera al 8%  -unas 11.606 personas-. Por último, debemos tener en cuenta el territorio, en si es factible procesos de participación de esta envergadura en geografías con disparidad poblacional. Clemente Navarro y Magdalena Wojcieszak han demostrado que las tomas de decisiones varían según los temas y la escala en la que se tomen. La ciudanía parece ser más receptiva a la participación en el ámbito local –localismo participativo-, debido a las oportunidades de contacto entre la misma y los problemas que hay que decidir. Apuntan a que las poblaciones óptimas para una participación considerable estarían alrededor de 50.000-100.000 habitantes, aunque depende de otros factores como el nivel socioeconómico, la educación etc. En estos términos, la única posibilidad que se me ocurre sui géneris, es elaborar un proyecto piloto en el municipio de Arrecife, siempre adaptado a las posibilidades y capacidades del consistorio. No obstante, esa es una decisión política que se debe de generar en el seno del Ayuntamiento, o en la sociedad civil porteña. 

Mi opinión es de cautela a la hora de implantar mecanismos similares a “Decide Madrid” en la isla de Lanzarote. No estoy en contra, ni mucho menos cuestiono la necesidad de elaborar proyectos que incentiven la participación horizontal, aquella que acercan a la ciudadanía con su administración pero, existen otras alternativas que se pueden adaptar mejor a la realidad conejera, pudiendo ser una puerta para la realización de proyectos más ambiciosos. Consejos de barrios, presupuestos participativos, encuestas participativas o la co-gestión de servicios son algunas de las muchas que se pueden plantear.

Existe un error extendido de intentar comparar modelos antagónicos. La elaboración de políticas públicas requiere de procesos analíticos que van más allá de meros deseos de querer tener lo que tal o cual ciudad posee. Lanzarote no es Madrid, al igual que Madrid no es California ni Copenhague, aunque algunos deseemos que eso no fuese del todo cierto.

 

Ayoze Corujo, Estudiante de cuarto curso de  Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid.

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