Canarias y las demás Comunidades Autónomas debaten entre la conveniencia o no de bajar impuestos ante la ola inflacionista que azota la economía europea.
Pese a las presiones de la oposición y de la patronal, e incluso en contra de la opinión de expertos que exhortan a bajar el tributo sobre los combustibles, el Gobierno regional insiste en que lo primero es garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, y para ello es necesario recaudar.
El Ejecutivo no quiere verse sin ingresos suficientes ante una eventual crisis por la invasión rusa de Ucrania y la extraordinaria subida de los precios, a pesar de contar con las finanzas públicas más saneadas del país, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Y es que AIReF calcula que Canarias cerrará el año con un superávit equivalente al 0,4% de su PIB, y con una deuda pública del 11,9% del PIB regional, 2,1 puntos menos que antes de la pandemia.
Unos datos muy positivos en comparación con otras comunidades, como Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, donde se calcula que el débito público superará ampliamente el 30%, e incluso el 40% en esta última.
Salvo que la inflación y la guerra en la Europa del Este lo impidan, el Archipiélago acabará 2022 como la única comunidad que habrá encadenado los cuatro últimos años en superávit. Esto convierte a Canarias, y con mucha diferencia, en la comunidad con las finanzas públicas en mejor disposición para afrontar el incierto futuro económico que se avecina.
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