Canarias

Gobierno canario y abogados trabajan para actualizar las retribuciones de los letrados del turno de oficio

Julio Pérez aboga por fomentar la "mediación" como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias

Reunión del Gobierno con el Consejo Canario de Colegios de Abogados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que ha estado encabezado por su presidente, Juan Antonio Rodríguez, con el objetivo de “abordar distintos aspectos relacionados con el turno de oficio y sus actuales criterios de remuneración”, que en 2021 supuso "más de 22 millones de euros y la aprobación de un crédito suplementario".

En el encuentro también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, el presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jonay Ríos, así como Dulce García, Ignacio Herrero y José Manuel Mentado, en representación de los colegios de abogados de La Palma, Lanzarote y Las Palmas, respectivamente.

Julio Pérez se ha comprometió a crear "un grupo de trabajo", entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Consejo para, entre otros, “clarificar y consensuar los criterios interpretativos vigentes, a la hora de remunerar la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores, y revisar las instrucciones en relación con el turno especial de extranjería y los servicios adicionales por incompatibilidad”.

En ambos casos, según ha explicado Mónica Ceballos, se trata de “establecer criterios invariables y mejorar los trámites y el procedimiento de justificación o liquidación de las subvenciones entregadas a los colegios y que tienen como fin remunerar a los abogados y abogadas los servicios de asistencia gratuita”.

Según señalan desde el Gobierno, el compromiso del titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad incluye también el estudio, por parte del grupo de trabajo, de una posible modificación de la orden del 17 de mayo de 2019, “para retribuir aquellos conceptos excluidos en la actualidad, como puede ser la intervención de los letrados y las letradas en procedimientos de instrucción que se archivan por sobreseimiento, en un momento posterior a la guardia”, gracias a la eficaz intervención de éstos.

Julio Pérez ha mostrado igualmente al Consejo su disposición a "analizar si es necesario constituir un turno especial de atención a menores víctimas de delitos", de acuerdo con las últimas novedades legislativas que garantizan "la defensa de estos menores e instan a los colegios a dar formación a sus miembros".

A lo largo de la reunión, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apostado por "fomentar la mediación como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias, que sitúa a las islas a la cabeza del país".