Fotos: Sergio Betancort
Un total de 69 cajas han salido este miércoles de los Juzgados de Arrecife, custodiadas por agentes de la UCO y rumbo a la Audiencia Provincial de Las Palmas. En su interior viaja la última pieza del caso Unión que quedaba en el Juzgado Número 5 de Arrecife, surgida de la Operación Jable, que ya está lista para ir a juicio. Con ella, la juez Silvia Muñoz ha puesto fin a una investigación que arrancó en 2008 y que estalló públicamente en 2009, con las primeras detenciones.
Fue el Juzgado quien requirió la colaboración de la Guardia Civil para extremar las precauciones en este traslado. Así, aunque habitualmente se recurre a servicios de mensajería para remitir las causas a la Audiencia, en esta ocasión se han desplazado a la isla tres agentes de esta unidad especial. Ellos se encargarán de llevar las cajas por barco hasta Las Palmas de Gran Canaria, para entregarlas a la Audiencia. Una vez allí, se depositarán en el Decanato y pasarán a reparto. Y será entonces cuando se conozca qué Sección de la Audiencia se encargará de enjuiciar esta pieza.
En las cajas, además de 134 tomos del sumario con 75.161 folios, viajan también las pruebas recabadas durante la instrucción de esta causa, que incluyen documentos incautados durante los registros realizados entre los años 2009 y 2010 en el marco de la Operación Unión y de la posterior Operación Jable. Unos documentos entre los que se encuentran, entre otras cosas, las libretas del ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, en las que durante años fue anotando los presuntos sobornos entregados a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife, como la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el ex secretario de la Corporación, Felipe Fernández Camero.
Urbaser y FCC han cubierto unos 26 millones de fianzas
A los 134 tomos del sumario se añaden además otros 9 tomos de las piezas de situación personal de los acusados y 21 de las piezas de responsabilidad civil, que se abrieron para asegurar que los acusados respondan de las cantidades malversadas en caso de condena. En total, sumando las dos tramas investigadas en esta pieza –la de los contratos de limpieza con Urbaser y la del pabellón de Argana adjudicado a de FCC- el perjuicio causado al Ayuntamiento de Arrecife superaría los 18,5 millones de euros, y el Juzgado ha conseguido asegurar fianzas por valor de casi 30 millones.
Con ese dinero se cubriría la responsabilidad civil, es decir, el dinero que debería ser devuelto al Consistorio, y también las multas a las que podrían ser condenados los 17 acusados en esta pieza. Cabe recordar que en caso de condena, todos los acusados deberán responder de forma solidaria de la cantidad que contribuyeron a malversar, aunque al imponer las fianzas se le exigió a cada uno la totalidad del importe, para asegurar el pago. Así, aunque la mayoría de los acusados no ha depositado las fianzas exigidas, que superaban en total los 272 millones de euros, la cantidad reunida sí logra cubrir la condena que podría derivarse de la sentencia.
Quien ha depositado esa suma han sido las dos empresas implicadas en esta pieza, Urbaser y FCC, que han respondido tanto de la cantidad que se les reclamaba a ellas como responsables civiles, como de las fianzas exigidas a sus empleados acusados en esta pieza. En el caso de Urbaser, lo hizo a través de un seguro de caución, para lo que tuvo que presentar dos pólizas de dos aseguradoras distintas, por valor de unos 8 millones de euros cada una.
En total, con 16.022.491 euros, Urbaser ha asegurado su propia responsabilidad civil, la de los cuatro directivos de Madrid acusados y la del ex gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez. Además, también ha cubierto las fianzas por las multas a las que podrían ser condenados sus trabajadores, a excepción de la de Jacinto Álvarez. De hecho, cuando presentó las pólizas del seguro, la empresa pidió que se hiciera constar expresamente que con esa suma no respondería de la posible multa a la que fuera condenado su ex gerente, que es uno de los acusados que ha confesado los hechos durante la instrucción.
En cuanto a Fomento Construcciones y Contratas, presentó un aval bancario pagadero a primer requerimiento, que es otra de las fórmulas previstas para depositar las fianzas. Lo hizo el pasado mes de mayo, y con él cubre casi 10 millones de euros, correspondientes a la responsabilidad civil de la empresa y de sus dos trabajadores acusados, Enrique Astorga y Enrique José Hernández, así como de las multas a los que éstos pudieran ser condenados.
Embargos a Isabel Déniz, Camero y otros acusados
En cuanto al resto de acusados, ninguno depositó las fianzas exigidas, por lo que la juez instructora tuvo que ordenar que se realizara una investigación sobre su patrimonio para poder practicar embargos. En el caso de María Isabel Déniz, entre otras cosas se le embargó la mitad de una vivienda en Playa Honda de unos 188 metros cuadrados –cuya titularidad comparte con su marido-, así como una casa en La Graciosa, una finca rústica en Teguise y varios vehículos, incluyendo un Mercedes y una motocicleta Honda. Además, también se le retiene mensualmente una parte de su sueldo, como funcionaria dependiente de la Consejería de Educación. En este caso, el embargo depende de la cuantía de la nómina, y puede oscilar entre el 30 y el 60 por ciento del salario.
En cuanto al ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, se ordenó el embargo del 50 por ciento de una vivienda ubicada en el municipio de Teguise. Por su parte, el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, también tiene embargada una finca, así como una parte de su sueldo. En cuanto al líder histórico del PIL, Dimas Martín, solo encontraron a su nombre fincas rústicas, que también han sido embargadas. Cabe recordar que Dimas, aún tiene pendiente otra pieza del caso Unión, que es la única que se instruye en otro Juzgado, y en la que se le investiga por delitos de insolvencia punible, por haber ocultado presuntamente su patrimonio poniéndolo a nombre de terceras personas. Actualmente, ésa es la única pieza que sigue en fase de instrucción, en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife.
En cuanto al Juzgado Número 5, donde se inició el caso Unión y que ha llevado todas las demás piezas de la causa, con esto cierra el procedimiento, a falta solo de resolver algunos recursos, como el interpuesto por María Isabel Déniz relativo a su situación personal. Concretamente, la ex alcaldesa ha pedido que se elimine la obligación que sigue teniendo de comparecer periódicamente en los Juzgados de Arrecife.
La Fiscalía pide penas de hasta 19 años y medio de cárcel
En esta última pieza del caso Unión, el Ministerio Fiscal dirige la acusación contra 17 personas, a las que se suman dos partícipes a título lucrativo –las parejas de Dimas Martín y María Isabel Déniz, Elena Rosario Martín Cabrera y José Domingo Abreut Cabrera- y dos más como responsables civiles subsidiarios, las empresas Urbaser y FCC. La mayor pena la solicita para el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, para el que pide 19 años y medio de cárcel. En cuanto a la ex alcaldesa, el fiscal le pide 13 años de prisión.
En esta pieza también están acusados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, para el que la Fiscalía pide 11 años y 9 meses de cárcel; el ex líder del PIL Dimas Martín, para el que reclama 13 años de prisión; el que fuera mano derecha de Dimas, Martías Curbelo, para el que pide 6 meses de cárcel; el ex consejero socialista Miguel Angel Leal, para el que el fiscal solicita 3 años de cárcel; así como directivos de Urbaser, de FCC y de la empresa Gamma Install, de la que eran socios funcionarios públicos como el propio Arrocha y el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo Manuel Jesús Isidro Spínola.
Además, la Fiscalía también pide 45 millones de euros en multas, así como el decomiso de 863.674 euros que presuntamente recibieron cinco de los acusados (Isabel Déniz, Dimas Martín, Rafael Arrocha, Felipe Fernández Camero y Miguel Ángel Leal) en sobornos de Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas. El fiscal considera que estas dos empresas recibieron contratos de forma fraudulenta, que después se fueron disparando en el precio, a cambio del pago de comisiones ilegales. Y todo ello "a costa del erario público", ya que el "criterio decisivo" para las adjudicaciones era "el abono de las dádivas solicitadas", y no que las empresas "ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal". Además, en esta pieza también están personados como acusación el Ayuntamiento de Arrecife y dos acusaciones populares.
