El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha comenzado este lunes a juzgar la primera pieza del caso Stratvs tras resolver las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas. Y lo ha hecho rechazando la última pretensión de Juan Francisco Rosa de evitar el juicio. Al inicio de la vista, su abogado ha vuelto a sostener que el delito de tráfico de influencias del que el empresario debe responder en este primer juicio habría prescrito, tal como hizo hace dos semanas, también sin éxito.
"Es injusto someterlo a un largo proceso cuando la prescripción es clara", ha reclamado el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, que pedía que esta cuestión se resolviera "con carácter previo", para evitar que su cliente continuara en el juicio. Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJC ha rechazado su pretensión, señalando que la posible prescripción o no se resolverá ya en la sentencia. Y también ha rechazado "expulsar" del procedimiento a la acusación particular, como ha pedido también el abogado de Rosa en las cuestiones previas. Esa acusación particular está ejercida por la familia Negrín, como perjudicada, ya que denuncia que el empresario usurpó terrenos e su propiedad para construir el complejo Stratvs.
Por último, en la tercera cuestión previa planteada por la defensa de Rosa, el abogado ha comenzado asegurando que "la Justicia todavía no ha dicho la última palabra sobre el Plan de La Geria", que ha venido siendo utilizado por el empresario en su defensa en esta causa. Así, el letrado ha sostenido que "la cuestión urbanística es objeto de discusión entre los tribunales", pese a que este documento ya ha sido anulado con una sentencia firme y este mismo lunes se ha publicado en el Boletín Oficial la resolución del Gobierno canario tomando conocimiento de ese fallo y ordenando su ejecución. Sin embargo, el letrado se ha aferrado a una segunda sentencia que también anuló el Plan y que aún está pendiente de recurso, pero obviando que la primera ya es firme.
Por otra parte, al inicio del juicio Rosa ha renunciado también a toda la prueba pericial que había solicitado para esta vista, reservándose solo la posibilidad de mantener la declaración de la perito privada contratada por el empresario, Blanca Lozano, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco. Pero ya ha renunciado expresamente a que declaren los demás peritos que tenía previstos, y entre los que se encontraban Francisco Villar Rojas, catedrático de derecho administrativo de La Laguna y coordinador de la redacción del anteproyecto de la Ley del Suelo, y Miguel Ángel Santana, director de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote.
El fiscal podría cambiar la calificación del delito
En cuanto a la prescripción alegada por la defensa de Rosa, el representante del Ministerio Fiscal, Ignacio Stampa, ha comenzado subrayando que "llama la atención" que si esa supuesta prescripción es "tan clara", su defensa no la haya argumentado hasta ahora, cuando lleva años imputado por este delito. Además, aunque ha señalado que efectivamente los delitos de tráfico de influencias prescriben a los tres años, ha precisado que no ocurre lo mismo cuando se trata de delitos en concurso, como sostiene que ocurre en el caso Stratvs, ya que entonces la prescripción la marca el delito más grave.
"Lo que ha ocurrido es que este procedimiento se separó de una causa", ha recordado Stampa, en referencia a las dos piezas en las que tuvo que dividirse el caso Stratvs tras el aforamiento de Gladys Acuña, cuando el TSJC decidió asumir solo los hechos relacionados con la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional. Así, ha subrayado que en el procedimiento inicial el tráfico de influencias estaba "conectado con otros delitos" por los que está acusado Rosa, y que ahora se dirimirán en otro juicio a cargo de la Audiencia Provincial. No obstante, el fiscal también ha adelantado que al presentar sus conclusiones definitivas en esta vista, podría modificar la calificación, pudiendo fijarlo como un tráfico de influencias en concurso medial con otro delito o como prevaricación urbanística por inducción, "que tiene un plazo de prescripción de 10 años".
Y también ha adelantado que será al presentar las conclusiones definitivas, el último día del juicio, cuando la Fiscalía pedirá la pena para Rosa en esta pieza. Al respecto, cabe recordar que cuando se presentó el escrito de acusación, la causa aún no se había dividido en dos, por lo que no hay un escrito de calificación específico para este juicio. Además, "por error", en ese escrito tampoco se había solicitado una pena concreta para este primer delito del que debe responder Rosa ante el TSJC.
"La ceremonia de la confusión que practica habitualmente Rosa"
Por su parte, la abogada de la acusación popular, que representa a la asociación Transparencia Urbanística, ha valorado la intervención de la defensa del empresario como un nuevo capítulo de la "ceremonia de la confusión que practica habitualmente Juan Francisco Rosa". Entre otras cosas, ha recordado que en su escrito de acusación calificaba el delito de tráfico de influencias como continuado, por lo que no se ceñía solo a una llamada telefónica producida en 2008, e interceptada dentro del caso Unión. Esa llamada entre Rosa y el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez, se produjo el día antes de que se concediera la licencia de actividad a Stratvs, y la defensa fija desde ahí el momento para contar el plazo de tres años de prescripción.
"Es un tráfico de influencias desde el inicio, desde los primeros trámites, hasta el final", ha subrayado la letrada de la acusación popular, Irma Ferrer, sosteniendo que por tanto no puede haber tal prescripción del delito. Al respecto, ha recordado parte de una declaración de Rosa en los Juzgados durante la instrucción de esta causa, en la que reconoció que "cuando necesita que le muevan los papeles, llama directamente". Y a otra afirmación similar de Rosa en esas declaraciones previas ha hecho referencia el fiscal. "Cuando se le preguntó si resolvía las cosas a golpe de teléfono, miró para arriba y dijo que si tenía que llamar a Rajoy, le llamaba", ha recordado Stampa.
Durante las cuestiones previas, la abogada de la acusación popular también ha aportado "dos publirreportajes" publicados en la última semana por los diarios regionales Canarias 7 y La Provincia, en los que se alaba la bodega y se cuestiona el cierre ordenado por la Justicia. Y también ha mencionado artículos publicados en el medio de comunicación propiedad de Juan Francisco Rosa, Lancelot, que considera que "acosa" a la acusación popular, llamándoles entre otras cosas "mercenarios". "Si se trata de acreditar la influencia del señor Rosa, no nos oponemos", ha señalado el Ministerio Fiscal, al consultarle la Sala por la aceptación o no de esas pruebas, que finalmente han sido admitidas junto con otras aportadas por las distintas partes en la primera mañana del juicio.
