22/Oct/2017

ESTE LUNES HA COMENZADO EN GRAN CANARIA LA VISTA DEL CASO YATE

Reyes acepta una pena de 6 años de cárcel, una multa y el decomiso de los bienes que compró con los sobornos

Nueve de los 11 acusados en el caso Yate han confirmado su confesión al inicio del juicio, aceptando las nuevas penas que solicita para ellos la Fiscalía. El ex alcalde ha entregado ya más de 300.000 euros de multa

Reyes acepta una pena de 6 años de cárcel, una multa y el decomiso de los bienes que compró con los sobornos

El juicio del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, ha comenzado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria con la ratificación de las confesiones realizadas por 9 de los 11 acusados. Al inicio de la vista, el fiscal Javier Ródenas ha presentado un nuevo escrito modificando las penas solicitadas inicialmente para los 9 acusados que han mostrado su conformidad.

En el caso del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha aceptado una pena de 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación, además del pago de una multa de más de 300.000 euros, que ya ha depositado antes del juicio. También serán decomisados los bienes que adquirió con el dinero procedente de los sobornos, que él mismo admite haber recibido de distintos empresarios y promotores por conceder licencias ilegales. Entre los bienes que serán decomisados se encuentra la embarcación el Pachi, 5 vehículos, un spa y parte de un piso, equivalente a algo más de 55.000 euros, que adquirió y puso a nombre de su hija en Tenerife. Además, tampoco recuperará el dinero que tenía en 10 cuentas corrientes de la familia cuando se produjo la operación policial ni los 13.000 euros en metálico que fueron encontrados en el registro de su domicilio.

En cuanto a su mujer y tres de sus hijos, que se sientan junto a Reyes en el banquillo de los acusados, han aceptado una pena de 5 meses y medio de prisión, al reconocer un delito de blanqueo de capitales. Por su parte, el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que reconoce que delinquió al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón, ha aceptado una pena de un año de prisión y más de 10 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 720 euros. Además de delitos contra la ordenación del territorio, el ex secretario también ha confesado otro continuado de malversación, al igual que Reyes, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.

 

Dilaciones indebidas y colaboración con la Justicia


Al presentar las nuevas penas solicitadas para los acusados, el fiscal se ha referido a las confesiones y al pago que ya han realizado para hacer frente a las multas que se les van a imponer. Además, ha explicado que la rebaja obedece también al retraso que ha sufrido esta causa, que se inició hace más de una década y que entre otras cosas estuvo dos años "prácticamente paralizada", después de que se presentara el escrito de acusación. El motivo que se alegó entonces es que faltaba un escáner en el Juzgado para poder dar copia a todas las partes del procedimiento. Así, la Fiscalía ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, además de la de colaboración con la justicia y la de reparación del daño, por las cantidades que han aportado ya los acusados.

En cuanto a las personas que ayudaron a Reyes a blanquear el dinero a través de empresas pantalla, los tres que han confesado -Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín- aceptan penas de entre 5 meses y 5 meses y medio de prisión, además del pago de multas 71.920, 20.000 y 20.000 euros, respectivamente, que ya han depositado en la cuenta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Así, el juicio se celebrará solo contra el otro asesor fiscal que no ha confesado, José Rafael Mesa Ferrer, y contra el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo. Para el primero, la Fiscalía pide ahora 2 años y 9 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y una multa de 143.840 euros, al aplicar también como atenuante las dilaciones indebidas. En cuanto a Antonio Lorenzo, por el mismo motivo, ha pasado de pedirle 10 años de inhabilitación a solicitar 8 años y medio.

Al presentar las cuestiones previas durante la vista, la abogada de Mesa Ferrer ha aportado un importante volumen de documentación para intentar demostrar la inocencia de su cliente y alegando que existe una "enemistad manifiesta" con su hermano, Benito Mesa Ferrer, que también está acusado y ha declarado contra él. Tras ello, el fiscal ha pedido que se hiciera un receso de media hora en la vista para poder analizar esa nueva documentación.

 

Arranca el juicio


Tras el receso, la Fiscalía y la acusación popular han aceptado que se incorporaran los documentos, aunque han dejado claro que mantienen la acusación contra Mesa Ferrer. Entre otras cosas, la nueva documental hace referencia a procedimientos judiciales entre ambos hermanos, pero que se produjeron mucho después de los hechos que se investigan en esta causa.

A continuación, la presidenta de la Sala ha pedido a los acusados que confirmaran su aceptación de las nuevas penas que solicita el Ministerio Fiscal y su conformidad con los hechos relatados en el escrito de acusación, tras lo cual se les ha permitido abandonar la sala y no asistir al resto del juicio. Junto a Antonio Lorenzo y José Rafael Mesa Ferrer, han tenido que permanecer en la vista el ex alcalde, José Francisco Reyes, su hijo, Francisco Abel Reyes, y Benito Mesa Ferrer, para que prestaran declaración en relación a los hechos relacionados con los otros dos acusados, aunque todos ellos se han negado a responder a la abogada de la acusación popular y solo han contestado al fiscal.

Después de las declaraciones de los acusados, que han concluido poco después de las 13 horas, se ha dado por terminada la primera jornada del juicio, que continuará este martes, cuando declararán los peritos y testigos. En principio, también está previsto que el mismo martes se presenten ya las conclusiones de la Fiscalía, de la acusación popular, ejercida por el que fuera consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, y de los abogados defensores. No obstante, en caso de que se alargara la vista, esto último podría quedar pendiente para el miércoles.

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