20/Nov/2017

AJJA YA HA ACTUADO SIN ÉXITO CONTRA JUECES INSTRUCTORES DE CAUSAS DE CORRUPCIÓN

Nueva condena en costas a la polémica asociación de juristas, que fracasa en su intento de que se disuelva Transparencia Urbanística

La juez ha rechazado su petición de medidas cautelares y señala que causaría “un daño irreparable”, ya que TU “no podría actuar” en las causas de corrupción en las que está personada

Juan Alberto Rubio, presidente y abogado de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, en una imagen de Facebook.
Juan Alberto Rubio, presidente y abogado de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, en una imagen de Facebook.
Nueva condena en costas a la polémica asociación de juristas, que fracasa en su intento de que se disuelva Transparencia Urbanística

La polémica asociación de juristas Jiménez de Asúa ha vuelto a ser condenada a pagar las costas de un procedimiento judicial, esta vez tras ver rechazado su intento de que se adoptaran medidas cautelares contra Transparencia Urbanística, que lleva años personada y siendo denunciante de distintas causas de corrupción abiertas en Lanzarote. “Esta juzgadora advierte del daño irreparable que la adopción de la medida cautelar podría conllevar para la asociación demandada, que no podría actuar en actividades judiciales y administrativas”, señala la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arrecife, en el auto en el que desestima íntegramente la pretensión de AJJA. 

Y es que lo que pedía esta asociación es que Transparencia Urbanística fuera disuelta cautelarmente, alegando supuestas irregularidades en su funcionamiento que no ha podido demostrar. Al respecto, la magistrada advierte además de que sería en los procesos en los que está personada TU como acusación popular “donde habría de analizarse si puede actuar o no con legitimidad”. Precisamente en esos procesos, la legitimidad que ha sido cuestionada es la de la asociación de juristas Jiménez de Asúa. 

De hecho, se le ha impedido personarse en varias causas, entre otras cosas, por existir dudas sobre sus fines y objetivos. Y en los procedimientos en los que ha conseguido entrar, ha sido acusada de intentar “dilatarlos” y también ha sido condenada al pago de una multa por actuar con “mala fe”, cuando pretendió que se apartara a la juez Silvia Muñoz de la instrucción del caso Unión.

 

La juez pone en duda la “legitimación” de AJJA


En su respuesta a la demanda de AJJA, Transparencia Urbanística ya hacía referencia a lo “útil” que ha sido hasta ahora la asociación demandante “a los intereses de Luis Lleó, Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero” y otros acusados e imputados en causas de corrupción. Y es que aunque esta asociación de juristas ha pretendido supuestamente ejercer la acusación popular en esos procedimientos, sus principales pasos se han encaminado a intentar apartar a la juez instructora del caso Unión y a interponer una querella contra el magistrado que inició esa causa, César Romero Parampacuatro, que ni siquiera fue admitida a trámite. Además, la propia asociación de juristas no estaba formalmente registrada cuando empezó a intentar personarse en distintas causas abiertas en Lanzarote.

“No alcanza a ver esta juzgadora el daño que puede recaer para la asociación demandante la continuación de la actividad de la asociación Transparencia Urbanística”, sostiene la juez al rechazar las medidas cautelares solicitadas por AJJA. Además, añade que se plantea también “la legitimación” que tiene “para dirimir la legalidad o no de otra asociación del mismo carácter, cuestión que deberá valorarse en el procedimiento principal”, cuando se resuelva el fondo de la demanda interpuesta por la asociación de juristas.

Pero de momento, al analizar la solicitud de medidas cautelares, la juez ya adelanta que la prueba documental aportada es “insuficiente” para acreditar la “apariencia de buen derecho” en la petición. Por su parte, Transparencia Urbanística contestó a esa demanda afirmando que se basa en consideraciones “enteramente superfluas” sobre el funcionamiento interno de la asociación y que “carecen por completo de sustento”.

 

“La osadía y ligereza de poner en duda” una baja por enfermedad


En la vista de medidas cautelares, celebrada el pasado mes de julio, AJJA acusó a Transparencia Urbanística de incumplir hasta 70 preceptos legales, aunque no los detallaba en su demanda. De hecho, ésta se centra principalmente en que Transparencia Urbanística mantuvo un presidente en funciones durante más tiempo del que permiten sus estatutos internos. Y el motivo fue que la que entonces era presidenta, María Hernández Martí, se encontraba de baja por enfermedad. En su respuesta, Transparencia Urbanística cuestionaba que AJJA “comete la osadía y la ligereza de poner en duda” esa situación de baja temporal por enfermedad de su ex presidenta –por un tumor en el sistema nervioso-, llegando a sostener que la persona que le sustituía “usurpó sus funciones”. 

Además, también subrayaba que sus “planteamientos” eran “similares” a los sostenidos por la sociedad mercantil Desarrollos y Proyectos Playa Blanca S.L., cuyo representante legal es Wigberto Del Carmelo Ramos Lleó, que cuestionó la legitimación de Transparencia Urbanística para interponer un recurso contra la aprobación definitiva del Plan General de Yaiza, alegando también la situación de interinidad del presidente por la enfermedad de su antecesora en el cargo. Y también advirtió el presidente de TU de que tenían “constancia” de que la abogada Juana María Fernández de las Heras, hija de Felipe Fernández Camero, había estado “indagando en el Registro de Asociaciones de Canarias”, pidiendo datos sobre la asociación.

Así, concluía que la polémica asociación de juristas -constituida en el año 2015 en Gran Canaria, coincidiendo con el estallido de causas judiciales en Lanzarote-, se basó en hechos que “son extraordinariamente frecuentes en la vida de las asociaciones”, para intentar apartar a Transparencia Urbanística de las causas judiciales en las que está personada – como el caso Unión y el caso Stratvs-, interponiendo una demanda que carece “de rigor técnico jurídico, conteniendo afirmaciones totalmente disparatadas”, así como errores y “defectos legales”. Incluso, llegaba a afirmar que se elaboró “mediante un burdo copia y pega de textos obtenidos a través de una búsqueda por internet, cuyos resultados no han sido debidamente filtrados, convirtiéndose en una chapuza que causa vergüenza ajena por su falta de seriedad y rigor profesional”.

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