El denunciante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, se ha dirigido a la Fiscalía provincial de Las Palmas pidiendo que se abra una nueva investigación penal sobre la actuación del Ayuntamiento, ya que considera que podría estar incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos. La nueva denuncia parte del escrito que Murillo recibió del concejal de Urbanismo del Consistorio, Samuel Martín, en el que el edil le respondía que "no consta" en el Ayuntamiento ni la recepción de ese plan parcial ni las cesiones obligatorias de suelo que deberían haber hecho los promotores.
"Hasta que no se concluyen definitiva y completamente las obras de urbanización, la Administración no puede proceder a recepcionar la urbanización, y vienen obligados los promotores y los propietarios de las viviendas de La Bufona a conservar la urbanización y a costear los servicios urbanísticos", recuerda Gonzalo Murillo en su denuncia, registrada este 26 de abril.
Por eso, advierte de que "en el caso de que el Ayuntamiento de Arrecife se esté encargando de costear a través de fondos públicos" el mantenimiento de los servicios de La Bufona, como los costes eléctricos del alumbrado público y el mantenimiento de calzadas, aceras, parques, zonas verdes y alcantarillado, "podríamos encontrarnos ante un posible caso de malversación de fondos públicos". Y es que subraya que la administración no puede correr con esos gastos "sin que se haya realizado la recepción de la urbanización, y sin que se haya adverado técnica y jurídicamente que las obras de urbanización se ejecutaron tal y como viene exigido en la normativa técnica y en el proyecto aprobado".
Ve imprescindible que declaren los técnicos que autorizaron las licencias
Aunque el caso La Bufona ya tiene sentencia firme, con la condena a los dos promotores de ese Plan por un delito continuado contra la ordenación del territorio, Murillo lleva años sosteniendo que las responsabilidades no terminan ahí. De hecho, ya ha presentado otra denuncia en Fiscalía, a la que ahora pide que se incorpore este nuevo frente de investigación.
"Es llamativo que se reconozca desde el Ayuntamiento de Arrecife que a fecha de hoy no se han realizado las cesiones obligatorias de suelo del Plan Parcial La Bufona de 1981", subraya en su nueva denuncia. Murillo considera que "existe una clara e importante dejación de funciones de defensa de los bienes públicos", tanto desde la construcción de esta urbanización como en la actualidad, cuando considera que se sigue sin actuar pese a todo lo que destapó la causa penal ya juzgada.
"Los responsables la institución nunca han considerado pertinente llamar a declarar a los técnicos municipales que autorizaron licencias de obra en dicho plan parcial sin haberse previamente realizado las cesiones obligatorias de suelo a dicho Ayuntamiento", señala en su denuncia. De hecho, ésa era precisamente una de las cosas que reclamaba en el último escrito que había dirigido al concejal de Urbanismo, en el que también pedía que se identificara "a los funcionarios que autorizaron a edificar 52 viviendas unifamiliares aisladas en La Bufona, cuando las ordenanzas del Plan Parcial de 1981 sólo autorizan la construcción de menos de 30 viviendas unifamiliares aisladas".
"Invade viales, zonas verdes, espacios públicos y aparcamientos"
Además de denunciar la ocupación de suelo rústico, tanto con la construcción de 14 viviendas como con las ampliaciones posteriores de esas casas -que es lo que se ha juzgado y condenado en la vía penal, decretando además una orden parcial de derribo- Gonzalo Murillo insiste en reclamar que se investigue el resto de irregularidades de ese Plan Parcial. Y es que entre otras cosas, insiste en que la urbanización en su conjunto "invade viales, zonas verdes, espacios públicos y aparcamientos públicos".
Por eso lleva meses reclamando información al Ayuntamiento e incluso recurrió al Diputado del Común. Desde esta institución remitieron el pasado mes de marzo un escrito al concejal de Urbanismo recordándole su "deber legal de colaborar" y volviendo a reclamarle un informe sobre La Bufona, que se solicitó por primera vez hace casi un año.
Finalmente, Samuel Martín contestó a Murillo en un escrito fechado el pasado 31 de marzo, aunque no daba respuesta a la mayoría de las preguntas ni aportó la documentación requerida, en algunos casos señalando que "no consta" en el Ayuntamiento y en otros alegando que "la administración competente" para entregarla es la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Mientras tanto, el denunciante insiste en que se permitió a los promotores "expoliar al municipio y los vecinos del suelo público que debía destinarse a dar servicios y calidad de vida a los residentes". Y también en que el Ayuntamiento de Arrecife y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural "no han hecho nada al respecto para recuperarlo, aun cuando los trabajadores públicos han informado de la ocupación del dominio público".
