El juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha decidido reabrir el caso Inalsa, que fue denunciado por Alternativa Ciudadana en el año 2013. Las diligencias fueron archivadas el pasado mes de febrero y AC presentó un recurso contra esta decisión. Ahora, el magistrado ha aceptado reabrir la investigación centrándola en cuatro contratos en los que se han detectado presuntas irregularidades.
Según ha informado el Cabildo, el Juzgado Número 4 asumirá solo la investigación de uno de esos cuatro contratos, ya que es el que tiene relación con los hechos que se denunciaron inicialmente. En cuanto a los otros tres, los ha enviado a reparto, para que se abran nuevas diligencias en otro Juzgado.
Concretamente, el juez con el que se inició esta causa seguirá investigando un contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II, por importe de 97.245 euros, para determinar si se realizaron pagos sin justificar. Sobre este contrato, el Cabildo señala en un comunicado que "debe ser, como muy reciente, de la pasada década".
Un contrato bajo la presidencia de Manuela Armas y dos con San Ginés
En cuanto a los otros tres que se enviarán a reparto, el primero es de diciembre de 2007 y corresponde a una obra ejecutada por el Consejo Insular de Aguas para ampliar el Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros. Al respecto, el comunicado del Cabildo subraya que en esa fecha "presidía la Institución Manuela de Armas", del Partido Socialista.
En cuanto a los otros dos, se firmaron bajo la Presidencia de Pedro San Ginés y también corresponden a obras del Consejo Insular de Aguas. Uno de ellos, firmado en junio de 2010 y con un coste de 1,5 millones, correspondía a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas. "Tenía las competencias delegadas Fabián Martín, grupo PIL", señala la nota del Cabildo. El otro, de agosto de 2012, es un expediente de contratación para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros, cuando según apostilla la nota del Cabildo, "tenía las competencias delegadas Sergio Machín", que en ese momento era consejero de Coalición Canaria.
La reapertura de las diligencias, según señala la Corporación, llega tras un informe de la Audiencia de Cuentas y a solicitud del Ministerio Fiscal. Al respecto, desde el Cabildo subrayan que ese informe "no advierte irregularidad alguna" en otros hechos incluidos en la denuncia inicial, como "el abono del denominado canon de Inalsa al Consorcio, ni respecto la modificación de la tarifa de agua" o "la convocatoria del procedimiento abierto de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en la isla de Lanzarote de noviembre de 2012".
