La Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Inspección Sanitaria del Gobierno de Canarias han llevado a cabo una operación conjunta que ha permitido la desarticulación de una red que introducía mediante paquetería y distribuía en Canarias botes de tinta utilizados para tatuajes corporales no autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En la operación se ha detenido e investigado a 43 personas en el archipiélago, siendo investigadas ocho en Lanzarote.
La operación 'Eternal Ink' se inició el pasado mes de enero cuando los agentes identificaron en el Puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria a un pasajero que iba a embarcar en un ferry hacia la isla de Fuerteventura, interviniéndosele 16 botes de tinta para tatuajes que no se encontraban en el listado oficial de la página web, a disposición del público, de la AEMPS, por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública.
Como consecuencia de dicho hallazgo, lo agentes continuaron con la investigación con la finalidad de determinar tanto el origen como los receptores de dichos botes, contando para ello con el asesoramiento técnico de los inspectores de sanidad de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, de forma que se coordinase una operación conjunta de ambos cuerpos para tratar de intervenir posibles envíos de botes de tinta igual a los intervenidos.
Más de una treintena de investigados en cuatro islas
Fruto de las investigaciones, se pudo constatar donde se habían adquirido los botes de tinta no autorizada, por lo que se procedió a la entrada y registro de un negocio de tatuajes de Las Palmas de Gran Canaria, siendo supuestamente el titular el principal distribuidor de dicha tinta en las Islas Canarias. En el registro practicado se intervinieron, en una estancia oculta, más de 1.000 botes o envases de tintas no autorizadas, por lo que se procedió a la detención de tres personas (el propietario del local, su socia y una supuesta empleada), como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Asimismo, en los restantes establecimientos inspeccionados por los agentes se pudieron hallar botes de tinta no autorizada, así como otros envases no autorizados. Estos envases siempre se hallaban ocultos para no ser descubiertos ante posibles inspecciones, según informa la Guardia Civil.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que de todas las inspecciones realizadas en el archipiélago canario, solo un establecimiento informaba a sus clientes de la utilización de dichas tintas no autorizadas, haciéndolo constar en la hoja de consentimientos de cada cliente, aunque su uso estuviese prohibido. Dicha información quedaba plasmada en un documento denominado 'Consentimiento Informado', de obligatorio uso para el local, y donde el cliente eea avisado de los riesgos de la técnica y de las tintas. Dicho consentimiento viene regulado y es una materia que se imparte en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
En Gran Canaria, se practicaron ocho registros, investigándose a 10 personas e interviniéndose 629 botes de tinta no autorizada. Además, en un local de tatuajes de Mogán se está investigando el empleo de dichas tintas para imprimir documentos, por lo que se ha procedido al cierre provisional de dicho establecimiento por parte de los inspectores de Sanidad por la supuesta comisión de varias infracciones.
El dispositivo también se desplegó en otras tres islas del archipiélago, entre ellas Lanzarote, donde se inspeccionaron siete locales, siendo investigadas ocho personas e intervenidos unos 400 envases aproximadamente. En Tenerife, se inspeccionaron 12 negocios, con 14 personas investigadas y 850 envases de tinta incautados; mientras que en Fuerteventura se inspeccionaron ocho negocios, investigándose a varias personas e interviniéndose 290 envases de tinta.
Contrabando e irregularidades fiscales
La Guardia Civil señala que durante el desarrollo de la operación se han podido constatar varios indicios que apuntan a un delito de contrabando, ya que gran parte del contenido de los paquetes y los documentos de venta emitidos por el exportador de esos envíos no coincidían, ya que usaban conceptos falsos o cambiaban el nombre al proveedor con el presunto fin de evitar la vigilancia policial, sanitaria y aduanera.
De esta manera, tanto los exportadores como los importadores (varios de los locales inspeccionados), introducían en el mercado los botes de tinta no autorizados, obteniendo un beneficio económico ilegal de ello, el cual era invertido en otros tipos de negocios y que continua siendo analizado al objeto de determinar que irregularidades se han podido cometer, apuntan desde la Benemérita.
La operación ha estado tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, coordinando al Destacamento de Seguridad de la Guardia Civil en el citado Puerto de la Luz, el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, participando además diferentes unidades de la Guardia Civil como el Núcleo de Reserva, Sección Fiscal del Puerto y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
