Ocho personas, dos de ellas residentes en Lanzarote, han sido condenadas a penas de entre 3 y 18 años de cárcel, como integrantes de una red que se dedicaba a introducir y vender hachís y cocaína en las islas. La sentencia dictada por la Audiencia Nacional considera que todos ellos son autores de distintos delitos contra la salud pública y, además, condena a uno de ellos por tenencia ilícita de armas y a otro por atentando contra un agente de la autoridad, ya que cuando iba a ser detenido en Málaga intentó huir y atropelló a un guardia civil.
La investigación que permitió desarticular esta banda organizada se inició en septiembre de 2009 en Tenerife, cuando se advirtió un "aumento del consumo de cocaína" en el norte de esa isla. Las pesquisas del equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Tenerife les llevaron a una mujer, y comprobaron que tenía "un alto nivel de vida impropio" de los mil euros al mes que ganaba con su trabajo.
Tanto ella como su pareja, que tampoco tenía ingresos que lo justificaran, gastaban importantes sumas de dinero, entre otras cosas en viajes, y tenían vehículos de alta gama. Cuando el Juzgado correspondiente autorizó la investigación sobre estas dos personas, los agentes acabaron detectando otra red que operaba en el sur de la isla, y que es la que ahora ha sido condenada.
Además de las ocho personas que han sido juzgadas en esta causa, la banda tenía más integrantes que siguen pendientes de responder ante la Justicia, algunos de ellos por encontrarse en situación de "rebeldía".
Dos detenciones en Lanzarote
De los detenidos que vivían en Lanzarote, uno de ellos es natural de Melilla pero residía en la isla desde hacía tiempo. La sentencia considera probado que su papel era el de vender la droga que traía hasta Lanzarote esta red, con la que estaba en permanente contacto. Al igual que a otros dos condenados, la Audiencia le impone una pena de 11 años de prisión, así como dos multas de 150.000 euros cada una. En su caso, su arresto no se produjo en Lanzarote, ya que cuando se enteró de que habían empezado a detener a otros compañeros "se refugió en casa de su madre en Melilla".
En cuanto al otro detenido en Lanzarote, es natural de Uruguay pero residía en el municipio de Tinajo. Su aparición en esta red se produjo cuando la Guardia Civil ya le seguía la pista a la banda. Concretamente, participó en una operación para introducir en las islas dos toneladas y media de cocaína procedente de Colombia.
La droga llegaba en barco y debían ir a buscarla a un punto en medio del océano, para lo que compraron un velero de más de 100.000 euros. A bordo iba a viajar uno de los miembros habituales de la banda pero, además, necesitaban a alguien con conocimientos náuticos, por lo que sumaron a esta nueva persona a la operación. Sin embargo, no lograron su objetivo y en junio de 2010, fueron detenidos cuando estaban con la droga ya en el velero.
En su defensa, el vecino de Tinajo alegó que no sabía qué había en el barco, pero la Audiencia responde en su sentencia que "no se contrata a una persona que no nos sea de absoluta confianza para un cargamento que vale más de 60 millones de euros". Además, subraya que lo que iba a cobrar (unos 200.000 euros, además de quedarse con el velero que habían comprado para la operación), es "desorbitado" y "evidencia" que sí sabía de qué era el cargamento. Por todo ello, le impone una pena de 9 años de prisión y dos multas de 150.000 euros.
Los cabecillas
Los cabecillas de la red coordinaban las operaciones desde Almería, donde residían habitualmente, aunque con frecuentes viajes a Canarias. Ambos habían estado ya en la cárcel, donde entablaron relación con otro traficante, con el que empezaron a operar también al salir de prisión.
Habitualmente se dedicaban a la introducción y venta de hachís procedente de Marruecos, pero a principios de 2010 decidieron "ampliar el negocio" y dedicarse también al tráfico de cocaína. Sin embargo, su intención se vio frustrada cuando la Guardia Civil interceptó ese velero en el que llevaban dos toneladas y media de cocaína.
Además de esta operación, la sentencia considera probadas y acreditadas al menos otras dos. Una de ellas, la introducción de casi 1.200 kilos de hachís desde Marruecos por mar. La otra, el envío de 44 kilos de hachís desde Lanzarote a Tenerife.
Para ese envío utilizaron una línea regular de transporte marítimo entre ambas islas. La droga viajaba dentro de un vehículo que compraron y acondicionaron, creando "unos habitáculos secretos". Según la sentencia, en los tapizados de las dos puertas delanteras y los cubre-ruedas habían ocultado 195 tabletas de hachís (44 kilos) que hubiera tenido un valor en el mercado de 64.804 euros". Para esta operación habían "contratado" a un conductor que viajaba con su esposa, pero en este caso la droga tampoco llegó a su destino, ya que también fue interceptada.
Tenencia ilícita de armas
Entre los condenados, la máxima pena se le ha impuesto a uno de los cabecillas, condenado a 16 años de prisión por delitos contra la salud pública y a otros dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. El otro supuesto cabecilla sigue pendiente de juicio.
La siguiente pena de mayor envergadura es para otro de los miembros de la banda, que además de cumplir 11 años de prisión por delitos contra la salud pública, también ha sido condenado a 3 años y 9 meses de cárcel por atentado contra los agentes de la autoridad, así como a indemnizar al guardia civil al que atropelló.
Además de importantes cantidades de droga, los agentes también se incautaron de varios vehículos, dos de ellos Mercedes, así como embarcaciones zodiac y un velero. Todos ellos, así como el dinero intervenido, han sido adjudicados al Estado en esta sentencia.
